El Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente la modificación puntual del PGOU del Ayuntamiento de Madrid referente al cambio de titularidad de los terrenos en los que se ubica La Peineta, que pasan de dotacional deportivo público a dotacional deportivo privado. La modificación permite al Atlético de Madrid adquirir el estadio en propiedad antes de su traslado desde el Vicente Calderón, lo que prevé para el inicio de la próxima temporada 2017-2018. (Ver vídeo)
La Comunidad de Madrid pone así punto final a un procedimiento administrativo en el que se ha visto obligada a completar contrarreloj para cumplir los plazos previstos por el acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y los dirigentes del club rojiblanco, que marcaba el 31 de diciembre como fecha tope para la aprobación definitiva del cambio de uso del terreno.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) es el instrumento básico de ordenación integral del territorio de un municipio. Los plenos de cada Ayuntamiento son los encargados de la aprobación provisional de sus modificaciones, pero es la Comunidad de Madrid la administración competente para su aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno. El consistorio de la capital aprobó en su Pleno ordinario de noviembre la mencionada modificación y la remitió a la Comunidad el pasado 2 de diciembre, fecha en la empezó a contar el plazo de cuatro meses que por ley tiene el Gobierno regional para resolver este tipo de expedientes.
Los técnicos del área de Urbanismo revisaron la documentación y detectaron errores sustanciales, no de transcripción, relacionados con la edificabilidad, aprovechamiento y cesiones de redes públicas del ámbito. Esta circunstancia obligó a devolver el expediente al Ayuntamiento de la Capital el pasado 21 de diciembre para que se subsanaran los errores, algo que sólo podía hacerse con una nueva aprobación provisional del expediente corregido por parte del pleno municipal.
Tras celebrar una sesión extraordinaria que dio el visto bueno al texto enmendado, el Ayuntamiento volvió a remitirlo a la Comunidad de Madrid a las 9:30 de la mañana del pasado martes 27, y en apenas cuatro horas los técnicos del Gobierno regional comprobaron que finalmente todo estaba correcto y firmaron el expediente. A partir de ese momento empezó a contar el plazo mínimo de 72 horas establecido por ley para convocar la Comisión de Urbanismo que debe refrendar esta decisión, lo que ha obligado a retrasar la sesión de este órgano –que habitualmente se reúne el último jueves de cada mes– al viernes y, en último término, a convocar un Consejo de Gobierno extraordinario para proceder a la aprobación definitiva.
