Estafadas, ignoradas y desprotegidas. Así se sienten las familias afectadas por la venta de viviendas públicas del IVIMA a Goldman Sachs tras conocer la negativa de la Agencia Tributaria a designar dos inspectores para analizar la documentación económica de la causa, tal y como había requerido el juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid. “A fin de contribuir en el esclarecimiento de los hechos”, tanto la jueza Concepción Jerez García como la fiscalía solicitaron la designación de estos funcionarios de la Oficina Antifraude en octubre de 2015, algo que volvieron a hacer el pasado mes de septiembre «ante el ninguneo de Hacienda». La respuesta la Agencia llega ahora, un año después, «en forma de carta de rechazo que firma ni más ni menos que la delegada especial Raquel Catalá Polo, hermana del actual ministro de Justicia».
Para indignación de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI), la AEAT ha sugerido a la jueza que pida asistencia técnica en la Intervención General. Antes, “el IVIMA no quería entregar la documentación relativa a la venta que se solicitó desde el juzgado. Ahora Hacienda no designa los peritos para hacer una valoración real de los inmuebles vendidos, que están bajo investigación por malversación de caudales públicos” indica la entidad, antes de apuntar una posible razón de este bloqueo. “Estas estrategias persiguen retrasar la causa hasta que se cumpla el tiempo máximo estipulado, en concreto 18 meses, y tenga que ser sobreseída por falta de evidencias de delito”, sugiere AVVI.
«Esto no es un ejemplo de apoyo a la lucha contra la corrupción de la que tanto se vanaglorian algunos partidos y gobiernos, más bien es un ejemplo de endogamia institucional con la que se intenta retrasar la justicia”, indica la asociación. “Y mientras tanto -continúa- los afectados seguimos sin ninguna solución, sufriendo la subida de los alquileres, el pago del IBI sin ser propietarios, acoso inmobiliario e incluso el desahucio de nuestras viviendas”. El pasado 25 de octubre se cumplieron tres años de la operación por la que la Comunidad de Madrid vendió al fondo buitre Goldman Sanchs 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos a cambio de 201 millones de euros. Desde entonces, la vida de estos hogares no ha hecho más que empeorar, hasta el punto que AVVI calcula que a día de hoy únicamente un 30% del total permanece en los inmuebles. “Nos prometieron un sueño y nos vendieron una pesadilla de la que estamos sufriendo sus consecuencias”, se quejan con amargura.
Además del proceso penal que instruye el tribunal número 48 de Madrid, actualmente siguen abiertos cinco procesos contencioso administrativos (tres colectivos y dos individuales). La causa penal precipitó la dimisión, el pasado 2 de febrero, de Juan Van-Halen Rodríguez, como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento al ser citado como investigado. Tras la declaración de Van-Halen, director general de Vivienda de la Comunidad en el momento de la operación de venta, y de Ana Gomendio, ex directora gerente del IVIMA, el caso apenas ha avanzado debido, en parte, al citado bloqueo de la Agencia Tributaria.
