Desde distintos medios de comunicación se han venido sucediendo noticias referidas a presuntas irregularidades que en los últimos años se han producido en diversos Institutos de la Comunidad de Madrid respecto a la realización de inversiones de reforma, ampliación de centros, etc. Estas noticias se refieren tanto al detalle de estas obras en los numerosos centros afectados, como a ceses de cargos directivos de la Consejería, a medidas adoptadas por la Agencia Tributaria y a actuaciones de la Fiscalía al respecto.
Por todo ello, los socialistas madrileños han denunciado en reiteradas ocasiones la «nefasta gestión que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha venido haciendo respecto de la necesaria programación de la enseñanza y la admisión de alumnado en Formación Profesional». Esta gestión ha estado caracterizada, según el PSOE madrileño, por:
– La incapacidad para llevar a cabo dicha programación con la participación de los sectores afectados, de manera que se crearan las plazas públicas suficientes para atender unas solicitudes crecientes y evitar que año tras año se queden miles de solicitudes de plazas públicas sin atender.
– Una política de confrontación y bloqueo en la Asamblea de Madrid, que ha llevado a que la Comunidad de Madrid no haya tenido ley de Presupuestos en los años 2020, 2021 y 2023, lo que ha dificultado la realización de las necesarias inversiones.
– El recorte en los fondos propios de la comunidad para inversiones en plazas de Formación Profesional y, en general, para educación no universitaria, de manera que, por un lado, la cuantía total de las inversiones en enseñanzas no universitarias aún no ha llegado al importe que había, en € corrientes, en 2009; y por otro lado, la Consejería de Educación, de 2019 a 2024, ha recibido del Gobierno central, a través de los Programas de Cooperación Territorial (PCT) correspondientes, fondos (de UE y propios del Ministerio) por importe de 355,8millon es de €, de los cuales 47,8 millones € eran específicamente para crear nuevas plazas de FP,
– Una gestión de las inversiones opaca y nada transparente, con el ilegal formato de construcción por fases (que no respeta los Reales Decretos de requisitos mínimos), derivando sus fondos propios a financiar los inequitativos cheques-copago o regalo (sólo los de FP de Grado Superior para 2024/25 alcanzan los 30,6 millones de €), con incremento en el número de alumnos que hace que, si bien en la red pública ha crecido un 28,4%, en la red privada ha crecido un 100% , con la FP a distancia incluida, de 2019/20 a 2022/23.
“La Consejería de Educación no ha asumido su responsabilidad en la ejecución de las inversiones y ha tratado -en numerosos casos- de endosar a las direcciones de los Institutos la realización de unas inversiones que, por ley, no pueden gestionar ya que los fondos de los centros se destinan exclusivamente a gastos de funcionamiento (cap. II, concepto 29000, Centros docentes públicos no universitarios)”, explica Esteban Álvarez, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.
Esta política de “forzar a las direcciones de los IES a asumir responsabilidades que no les competen”, también ha ocurrido en otros supuestos, como el pago mensual a los Auxiliares de Conversación en los IES bilingües, por ejemplo, siempre con fondos controlados en todos sus pasos por la Consejería de Educación. Es la propia Consejería la que remite los fondos a los centros, aprueba los presupuestos y su ejecución y supervisa todo el proceso.
Por todo ello “pedimos a la Consejería que colabore con la Agencia Tributaria y la Fiscalía en las actuaciones ya en marcha, que aclare el destino de los fondos de la UE y del Ministerio recibidos a través de los PCT, que muestre su disposición a colaborar y dar explicaciones, que deje de endosar a los directivos de los centros públicos responsabilidades que no les competen y que lleve a cabo una programación de la enseñanza que garantice plazas públicas para todo el alumnado”, concluye el portavoz socialista.
