El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha analizado hoy el informe del Proyecto de Ley de protección contra las acciones de incitación al odio, la discriminación y la intolerancia, que contempla multas de hasta 45.000 euros por acciones muy graves que inciten al odio. El objetivo es luchar contra discriminaciones, actos de intolerancia y acciones que inciten al odio, sin distinción alguna por nacimiento, raza, sexo, religión, convicción o de cualquier otra naturaleza.
Con esta Ley, el Ejecutivo autonómico «reafirma su compromiso de garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, y en especial de la igualdad de trato y el respeto de la dignidad de las personas», explican fuentes regionales. Cuando la Comunidad de Madrid tenga conocimiento de un supuesto caso de discriminación, actos de intolerancia o acciones que puedan incitar al odio pondrá en marcha el correspondiente procedimiento sancionador, en el que se podrán acordar las medidas necesarias para investigar las circunstancias del caso y adoptar las medidas oportunas y proporcionadas para su eliminación.
Las infracciones podrán ser leves, con multas de hasta 3.000 euros; graves, de entre 3.001 y 20.000; y muy graves, desde 20.001 hasta 45.000 euros. El grado dependerá de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia.
La Ley recoge también la creación de un Observatorio para la Igualdad de Trato y la Protección de la Dignidad de la Persona, que vigilará las acciones que inciten al odio, la discriminación y la intolerancia. Este observatorio proporcionará informaciones objetivas y comparables sobre las conductas y hechos que tengan lugar en el ámbito territorial de la Comunidad, que supongan una forma de discriminación o de acciones que inciten al odio por razón de las causas previstas en la ley, con el fin de proponer la adopción de medidas y acciones específicas.
Protocolo de atención a las víctimas
En cuanto al Protocolo de Atención a las Víctimas, contemplará una atención especializada y multidisciplinar para las víctimas de agresiones y de acciones que inciten al odio. La Comunidad les prestará una atención integral real, que comprenderá el asesoramiento, la asistencia, en especial la sanitaria, y las medidas sociales tendentes a facilitar su recuperación. Además, se creará un punto de información, que será coordinado por la Oficina de Atención al Ciudadano, y se establecerán convenios o programas con entidades sociales especializadas para atender a las víctimas.
