Manuela Carmena y Pedro del Cura, alcaldes de Madrid y Rivas respectivamente, han acordado elaborar una hoja de ruta común que fije soluciones sólidas al conflicto de la Cañada Real. Ambos han comparecido ante los medios después de que la alcaldesa de la capital y el alcalde ripense se reunieran esta mañana de lunes, 10 de octubre durante hora y media en Rivas.
Esta es la segunda vez que ambos regidores se encuentran este año. La primera vez fue el pasado dos de marzo en el Palacio de Cibeles. Entonces, igual que hoy, se abordaron temas de interés común como las acciones conjuntas que aporten soluciones al grave conflicto social, medioambiental, urbanístico y de seguridad en el que se ha convertido Cañada Real. Ambos ayuntamientos comparten grupos de trabajo sobre disciplina urbanística en la zona. Lo mismo sucede con la Policía Municipal: mantienen una comunicación permanente para actuar de forma coordinada en la Cañada, el principal foco de tráfico de drogas de la Región.
Restaurar la legalidad
Ambos alcaldes han coincidido en plantear una estrategia conjunta respecto a la disciplina urbanística y la política de realojos que «restaure la legalidad, impida el efecto llamada y garantice el derecho a la vivienda de todas las personas que allí residen». En el encuentro, tanto Carmena como Del Cura, han criticado las propuestas lanzadas recientemente por el Comisionado Regional para la Cañada Real. Para Del Cura, «el poblado dejará de ser una ciudad sin ley. Seguiremos ejerciendo la disciplina urbanística para evitar el efecto llamada». Por su parte, Carmena ha asegurado que «la Cañada no puede continuar tal y cómo la conocemos, y la Comunidad debe entenderlo».
Tanto Rivas como Madrid llevan años trabajando en propuestas «viables que devuelvan la legalidad a la Cañada Real, buscando soluciones que pasen por el realojo en viviendas dignas a la población que lo necesite». Hay que recordar que en Valdemingómez, un terreno pegado a la incineradora que gestiona toda la basura de la capital, conviven vertidos ilegales con miles de personas que malviven en chabolas. Éste es también un núcleo de tráfico de drogas y de delincuencia.
Este asentamiento, que cuenta con más de 8500 personas censadas y se extiende a lo largo de 14 kilómetros de los términos municipales de Madrid, Rivas y Coslada, ha ido creciendo sin control desde hace décadas y ahora alberga infraviviendas junto a lujosos chalés y sedes de empresas que no pagan impuestos y que no han adquirido legalmente la propiedad del terreno.
