El gobierno de España ha iniciado los trámites para presentar un recurso al Tribunal Constitucional relativo a la Ley de Transexualidad de la Comunidad de Madrid aprobada en Madrid.
El Gobierno de Mariano Rajoy considera que dos de los artículos de la ley trans aprobados este mes por la Asamblea de Madrid invaden sus competencias, los artículos 7 y 48. El primero es relativo a la expedición de documentos acordes a la identidad de género de las personas solicitantes y el segundo artículo trata sobre la inversión de la carga de la prueba en procedimientos de competencia autonómica.
Siguiendo el procedimiento habitual, se ha creado una comisión bilateral entre el Gobierno de España representado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y por parte del Gobierno Regional el Consejero de Presidencia, que intentarán llegar a un acuerdo para evitar que tenga que ser el Tribunal Constitucional quien se pronuncie.
Desde Arcópoli han querido mostrar en un comunicado su «decepción» con el Gobierno de Rajoy «que parece querer utilizar las instituciones a su antojo al amenazar con interponer un recurso de nuevo en un tema recurrente, pues con la aprobación de las distintas leyes trans autonómicas siempre se han abierto comisiones bilaterales para tratar estos aspectos dando la razón a los gobiernos autonómicos. Da la impresión de que su objetivo es solamente retrasar la igualdad, como hizo el PP con el recurso contra el matrimonio entre personas del mismo sexo». Además, dichos artículos ya están presenten en Leyes anteriores y se consideran constitucionales, concretamente el artículo 7 está presente en la ley de Transexualidad andaluza y el 48 es una copia casi exacta del de la Ley LGTB Extremeña, que no podemos olvidar que fue propuesta por el gobierno autonómico, presidido por el Partido Popular de Extremadura.
Yago Blando, coordinador general de Arcópoli ha dicho que “la interposición de un recurso a esta ley es un ataque hacia el colectivo transexual ya que esta ley pretendía salvar una discriminación histórica hacia el colectivo, discriminación presente cada día incluso con agresiones físicas muy duras. La inversión de la carga de la prueba es una reivindicación imprescindible para poder animar a denunciar, que las y los transexuales por regla general, aceptan en silencio los ataques.” Yago espera que el Gobierno de Cristina Cifuentes defienda con contundencia la ley aprobada por la Asamblea de Madrid, máximo representante de la ciudadanía madrileña. También ha aprovechado para pedir al futuro gobierno de España que apruebe una Ley de Transexualidad de ámbito nacional y otra de no discriminación al colectivo LGTB en las competencias estatales.
