Las siete entidades que conforman la Plataforma Regional por la Escuela Pública de Madrid (FAPA Giner de los Ríos, CCOO, FETE-UGT, STEM, Sindicato de Estudiantes, MRP y FRAVM), entienden que las designaciones directas de las direcciones en más de 40 centros públicos llevada a cabo por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, suponen un «ataque directo a la libertad, autonomía y democracia interna» de las comunidades educativas afectadas.
La Plataforma, en una reunión organizada a finales de la semana pasada, ha lamentado que la Consejería de Educación lleve hasta los últimos extremos las disposiciones de la LOMCE sobre designación de los equipos directivos.
“La Administración autonómica está imponiendo proyectos de dirección y candidaturas que no han sido elegidos democráticamente, y no respeta la autonomía de centros”, sostiene la coordinadora en un comunicado. A pesar de que no es un fenómeno nuevo, sí lo es la escala de centros afectados y los procedimientos utilizados nada más terminar el periodo lectivo.
A día de hoy son 46 centros de educación infantil, primaria, secundaria y educación especial los afectados por la aplicación de esta potestad discrecional, y fuertemente protestada, de la Administración, la cual ha llevado a cabo un proceso de selección y proyectos pedagógicos que, a criterio de la plataforma, ha servido a la Consejería para establecer intencionadamente un veto a las direcciones de los centros que en los últimos años han podido ejercer posturas más críticas con el Gobierno regional en materia educativa.
Igualmente, las situaciones de cambio de las direcciones por procesos de jubilaciones de las actuales, no ha contado con la consulta y acuerdo de claustros y consejos escolares que, hasta la fecha, venían proponiendo candidaturas que contaban con el consenso de la Comunidad Educativa.
La Plataforma Regional entiende que, si bien la LOMCE posibilita esta política de elección, esta debería ser aplicada únicamente en casos excepcionales, debidamente motivados y que cuenten con la información y acuerdo previos de cada centro. No hacerlo así, -añade- “implica un ataque directo a la democracia y libertad de autonomía de sus comunidades”.
Entre los acuerdos tomados por la Plataforma para llevar a cabo una respuesta a esta política de designación de direcciones, está la de convocar el Consejo de Plataformas Locales educativas de Madrid, con el fin de recabar la mayor unidad de acción posible ante estos movimientos de la Consejería de Educación.
“Seguiremos en la lucha en la defensa de la Escuela Pública, democrática y participativa”, concluye la plataforma, de la que forma parte la Federación vecinal, en su comunicado.
