La Comunidad abandera un proyecto europeo que ha retirado del mercado dos modelos de contadores térmicos defectuosos




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El proyecto ha tenido un presupuesto de 500.000 euros financiado por la Comisión  Europea (70%) y los países participantes (30%).

La Comunidad de Madrid ha liderado un proyecto europeo para comprobar el funcionamiento de contadores domiciliarios de energía eléctrica y térmica que ha supuesto la retirada de dos modelos térmicos con graves deficiencias. Se trata de una de las conclusiones del proyecto MarketSurv MID, en el que han participado 12 estados europeos y cuyo objetivo ha sido comprobar el correcto funcionamiento de los contadores de energía eléctrica y térmica que se utilizan en el ámbito domiciliario.

El proyecto es el primero de estas características que se hace a nivel europeo en el ámbito de los instrumentos de medida. En él se han recogido muestras de 40 tipos distintos de contadores de energía eléctrica y de energía térmica de 26 fabricantes diferentes que se usan en los domicilios europeos para facturar la energía eléctrica y la cantidad de calor que consumimos.

Todos los contadores de energía eléctrica superaron de forma satisfactoria los ensayos de funcionamiento, si bien se detectaron algunos problemas documentales y administrativos que los fabricantes solucionaron enseguida. Por otra parte, los contadores de energía térmica sí presentaron más problemas de funcionamiento, por lo que las autoridades de vigilancia del mercado han tenido que tomar medidas coercitivas para poner en conformidad a alguno de ellos, llegando incluso a retirar del mercado dos modelos de los 18 examinados. Los fabricantes de estos 2 modelos concretos han sustituido los ya vendidos por otros nuevos por otros adecuados.

OBJETIVOS CUMPLIDOS
El proyecto ha logrado cumplir los objetivos con los que se inició. Se han mejorado los sistemas de control de mercado europeos que garantizan la comercialización exclusiva de contadores eléctricos y térmicos reglamentarios.

Asimismo, el proyecto ha permitido mejorar la coordinación y la comunicación entre las autoridades de vigilancia de los estados europeos y garantizar unas reglas de juego uniformes para los fabricantes de instrumentos de medida que venden sus productos en la UE.

Por último, se ha armonizado la interpretación de las disposiciones europeas aplicables por parte de las autoridades de los distintos estados que las aplican, además de lanzar un mensaje claro a fabricantes, distribuidores y usuarios de que el mercado europeo de este tipo de productos está siendo vigilado y que las autoridades encargadas de ello están haciendo su trabajo de forma eficiente.

El proyecto se ha desarrollado entre septiembre de 2014 y abril de este año y en él han trabajado 43 expertos europeos. Ha tenido un presupuesto cercano a los 500.000 euros, de los cuales el 70% ha sido aportado por la Comisión Europea y el 30% por los países participantes.

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