La Proposición de Ley registrada por el PSOE de la Comunidad de Madrid tiene como intención el «garantizar el derecho de los pacientes a una buena atención sanitaria en el proceso final de la vida, la regulación de los deberes de los profesionales de la Sanidad y la definición las garantías que las instituciones sanitarias tienen obligación a ofrecer».
El PSOE de la Comunidad de Madrid ha registrado en la Asamblea de Madrid una Proposición de Ley, cuyo objetivo es garantizar en la Región el derecho a una muerte digna, regulando que aquellas personas que se encuentran en el final de su vida puedan rechazar tratamientos o intervenciones propuestos por los profesionales de la Sanidad, aunque con ello puedan «acortar su vida o ponerla en serio peligro», además de poder recibir si lo desean «sedación paliativa».
Según los socialistas, esta proposición tiene como intención el «garantizar el derecho de los pacientes a una buena atención sanitaria en el proceso final de la vida, la regulación de los deberes de los profesionales de la Sanidad y la definición las garantías que las instituciones sanitarias tienen obligación a ofrecer».
Por una parte la proposición enuncia los derechos de los pacientes en el tramo final de su vida, donde se contempla que tendrán «derecho a negarse a recibir información sobre su situación», rechazar tratamientos o intervenciones propuestos por los profesionales de la Sanidad, aunque con ello puedan «acortar su vida o ponerla en serio peligro», además de «poder ser retiradas las medidas de soporte vital en casos irreversibles».
Sedación paliativa
En cuanto a la sedación paliativa, se especifica en el documento que los profesionales sanitarios deberán garantizar el derecho a la información del paciente, a que este pueda formular peticiones previas que han de ser respetadas, a proponer intervenciones a personas en fase terminal y respetar los valores, preferencias y creencias de los pacientes a la hora de tomar decisiones.
Para que los derechos de los pacientes en estas situaciones no se vean mermados, las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, han de arbitrar estas situaciones e incluir documentos informativos para el correcto desarrollo de la normativa, y deberán remitir cada año a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid un informe que contemple todas estas actuaciones.
