La portavoz socialista en urbanismo y vivienda, Mercedes González, ha reclamado al gobierno de Carmena que inicie el expediente oportuno para lograr la anulación de la venta de miles de viviendas, más locales y garajes de la EMVS a dos filiales del fondo buitre Blackstone, por un importe inferior a su valor real y sin que el ayuntamiento, entonces encabezado por el Partido Popular, respetase el principio de libre concurrencia y la prohibición de vender viviendas públicas.
«Fue una venta ilegal e injusta» que hay que solucionar “caiga quien caiga”, ha reclamado la concejala socialista, que también ha pedido al gobierno municipal que «levante alfombras» y abra una investigación para depurar responsabilidades por aquella operación de «mobing inmobiliario» que «condenó a miles de familias a salir de sus hogares», ha explicado.
Mercedes González ha apremiado al gobierno municipal a solucionar este problema que inició el ejecutivo de Botella en 2013 pero que, de no actuar, tendrá los efectos más graves durante el mandato de Carmena: durante los próximos años se renovarán más de 1.500 alquileres y su precio con toda probabilidad será al alza, tal y como ha hecho Fidere con las cuotas que ya han sido renovadas.
«Vamos tarde – ha indicado González- porque este problema vivió un alud de desahucios en la época de Ana Botella, pero su gobierno municipal puede encontrarse en meses con centenares de desahucios de inquilinos que vivían en régimen de alquiler en los pisos cuando eran públicos y no pueden hacer frente a los precios, por las subidas paulatinas de hasta el 43%, que imponen los fondos buitre para renovar los alquileres».
El fondo buitre ha subido la cuota de aquellos alquileres que ya han sido renovados, a pesar de que el Partido Popular, en el marco del Plan de Ajuste de la EMVS, justificó la venta del patrimonio público asegurando que esto no sucedería. La alcaldesa Ana Botella afirmó en su momento que «lo único» que iba a cambiar en los cobros sería el emisor. No fue así. De hecho, decenas de vecinos se han visto obligados a abandonar su casa al no poder pagar el sobreprecio aplicado por el fondo buitre, que además está descuidando el mantenimiento de los inmuebles.
Hasta 2019 vencerán 1.553 contratos de otras tantas familias que residen en esas viviendas de los barrios de Carabanchel, Vallecas y Villaverde. Sólo este año caducan 351 alquileres de las promociones ubicadas vendidas por el Gobierno de Botella. En 2017 caducan otros 352. Y en 2018 serán 690 los alquileres que expiren.
En este sentido, González ha señalado su preocupación: «serán cientos los vecinos que no podrán afrontar los nuevos precios de las filiales de Blackstone y el Ayuntamiento no dispone de viviendas para realojar a quienes no puedan pagar los nuevos precios. El tiempo corre en nuestra contra y sobre todo en contra de los vecinos afectados», ha terminado la concejala, que ha subrayado el apoyo del Grupo Socialista para solucionar un problema que es “una cuestión de justicia”.
