La directora de la Oficina ha señalado que a diario aparecen en los medios de comunicación noticias sobre la aparición de modelos de negocios y nuevas funcionalidades creadas al amparo de las tecnologías digitales pero, igualmente, surgen conflictos que estos nuevos modelos generan en el marco jurídico actual, todavía insuficientemente adaptado al medio digital.
“Por ello, el objetivo de estas jornadas es servir de punto de encuentro y debate sobre los retos que ha de afrontar el Derecho para dar respuesta a los diversos intereses implicados: autores de obras intelectuales, empresas que basan su valor en la innovación, titulares de marcas, ciuda danos y empresas en general”, ha aseverado Fernández de Córdova.
En este sentido, ha aludido al papel que deben jugar las administraciones públicas para que exista un equilibrio entre los actores, a veces contrapuestos, y se ha referido a la necesidad de favorecer un entorno económico favorable en el que las empresas puedan desarrollar sin obstáculos su actividad, poner en valor la innovación como motor de los nuevos modelos de negocio, y hacerlo respetando la libre competencia y los derechos de los consumidores.
Asimismo, ha incidido en la protección de los derechos de autores y titulares frente a vulneraciones de sus derechos asegurando así que la justa recompensa y el retorno económico del esfuerzo e inversión realizada, se hagan efectivos.
«No es una t area fácil, pero ya hay una toma de conciencia por parte de las instituciones europeas, de que las tecnologías digitales demandan reformas legales que articulen la protección de estos derechos», ha añadido la directora.
Fernández de Córdova ha recordado que la Comisión Europea ha propuesto la creación de un Mercado Único Digital que permita llevar a cabo una acción coordinada de la UE, «puesto que el ámbito exclusivamente nacional se ha vuelto insuficiente para el logro de este objetivo», y ha precisado que, aunque la competencia en esta materia es estatal, las comunidades autónomas pueden desempeñar un papel relevante en este ámbito.
«En la Comunidad de Madrid, el servicio público prestado por el Registro de la Propiedad Intelectual hace posible que los entorno 9000 autores y titulares de derechos que deciden anualmente acudir a este mecanismo de protección, puedan disponer de un título jurídico público oponible a terceros, que les permite acreditar la titularidad y existencia de sus derechos, en los términos previstos en la legislación sobre propiedad intelectual», ha informado la directora.
Responsabilidad de las Administraciones
Este registro acapara el 30 por ciento de todas las solicitudes de inscripción que se presentan en toda España anualmente.
El registro de la Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con 140.000 obras en depósito, que abarcan todos los ámbitos de la creación intelectual: obras literarias, artísticas, científicas, audiovisuales, programas de ordenador, entre otras.
Finalmente, Fernández de Córdova ha destacado que nos encontramos en un momento muy importante, en el que las tecnologías digitales deben incorporarse definitivamente en los sistemas económicos y su regulación jurídica y «todos, empresas, administraciones públicas y sociedad civil, estamos llamados a desempeñar un papel para lograr su efectiva integración».
