Esperanza Aguirre empleó fondos europeos del empleo para subvencionar a Ausbanc

Según desvela el diario elEconomista, el Gobierno de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid utilizó fondos europeos destinados a la creación de empleo para subvencionar a Ausbanc. De acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso elEconomista, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Empleo y Mujer, financió un Centro de Apoyo a la Intermediación Laboral gestionado por Ausbanc Empresas.

La organización que preside Luis Pineda, en prisión ahora acusado de extorsión y estafa procesal, prometía tutorías individualizadas, gestión de búsqueda activa de empleo y talleres con entrevistas prácticas.

Según elEconomista, en 2004, Ausbanc recibió 309.774 euros de la consejería de Empleo y Mujer, que dirigía entonces Juan José Güemes. Y en 2008 cobró otros 447.567 euros, siendo ya consejera Paloma Adrados. Fueron, en total, 757.341 euros, financiados a través de los planes Opea (Orientación Laboral para el Empleo y el Autoempleo), subvencionadas por Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.




En el auto que el juez Santiago Pedraz dictó el pasado lunes para ordenar el ingreso en prisión de Pineda, el instructor de la causa cuestionaba ya este tipo de ayudas.

Subvenciones sospechosas

Pedraz admitía en el auto que Ausbanc Empresas tiene incluidos en sus estatutos el asesoramiento, orientación, información y formación de desempleados e inmigrantes, pero insiste también que “su actividad principal se centra en la defensa de los consumidores y usuarios bancarios, por lo que se desconoce si, en el momento de la subvención, estaba capacitada para poder atender las necesidades que se requerían, por no ser ese el fin principal de la asociación”.

De hecho, el magistrado explica cómo se inventó el número de asociados para poder acudir a algunas convocatorias o cómo se presentó con un entramado empresarial para lograr ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro.

Todos estos hechos están ahora bajo investigación judicial, pero en el auto de la Audiencia Nacional se admite ya que “a la vista de lo hasta ahora actuado se infiere que Ausbanc no podría acceder a la concesión de dichas subvenciones, puesto que no cumpliría con alguno o algunos de los requisitos exigidos en las mismas”.

Las organizaciones de consumidores llevan años denunciando las prácticas de Ausbanc, aunque sin haber sido hasta ahora escuchados. El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, recordaba ayer en este sentido que “Luis Pineda ha insultado a Facua y otras organizaciones por recibir pequeñas subvenciones públicas, cuando curiosamente era Ausbanc la que recibía ayudas de gran altura”. Sánchez pide investigarlo, porque “no es lógica la magnitud del dinero que ha recibido, especialmente a través de Opea (fondos europeos)”.

Veinte años de denuncias

En la misma línea, Adicae recuerda que “lleva más de 20 años denunciando públicamente, ante los medios de comunicación, las autoridades de Consumo y la Justicia, los manejos de Ausbanc y el hecho de que nunca ha sido una asociación de consumidores, pese a emplear esa apariencia para sus negocios”. Adicae señala que “deberán responder las instituciones y responsables políticos que hasta la fecha han colaborado y legitimado falsamente a Ausbanc como asociación de consumidores, sin serlo”.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, reconoció el pasado martes en una entrevista a RNE las ayudas otorgadas a Ausbanc durante su Gobierno. Aseguró que habló con la antigua directora general de Consumo, en referencia a Carmen Martínez de Sola y no a María José Pérez-Cejuela como publicó ayer este periódico, quien le aseguró que los expedientes de las subvenciones “eran perfectamente legales”.

Ausbanc también recibió ayudas del Ministerio de Sanidad, con Ana Mato al frente, y a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). Concretamente, Sanidad le dio una subvención de 112.350 euros en 2012 y otra de 108.200 euros en 2013.

Fuente de la noticia: elEconomista

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