La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha manifestado su rechazo a la decisión del Ministerio de Cultura, encabezado por Ernest Urtasun, de ceder dos espacios de la antigua Fábrica de Tabacos de Lavapiés al Centro Social Autogestionado (CSA). La entidad vecinal critica que la medida se haya adoptado de manera unilateral y al margen de las conversaciones que el propio Ministerio mantenía con los colectivos del barrio, incumpliendo el compromiso previo de consensuar un modelo de gestión plural que garantizara la convivencia entre el proyecto del CSA y un espacio comunitario abierto a todo el tejido asociativo del distrito.
Desde la FRAVM se precisa que la oposición no se dirige contra el CSA Tabacalera ni contra la continuidad de sus actividades, sino contra una decisión ministerial que consideran arbitraria y que descarta la propuesta formulada por los vecinos. Dicho planteamiento contemplaba entregar uno de los dos inmuebles al CSA y habilitar el segundo como equipamiento comunitario de gestión compartida, destinado a dar cobertura a las asociaciones vecinales, deportivas, sociales y culturales que desde hace décadas solicitan locales en Lavapiés. Según la federación, el equipo de Cultura se había comprometido a hacer compatibles ambos usos, un acuerdo que ahora consideran roto tras concentrarse la gestión de las dos dependencias en una única iniciativa.
Asimismo, la federación ha desmentido categóricamente que las asociaciones del barrio hayan participado en la redacción, negociación o visto bueno del convenio anunciado, rechazando que la cesión se presente como un consenso respaldado por el movimiento vecinal. A juicio de la organización, la gestión del patrimonio público debe sustentarse en la transparencia, la pluralidad y la igualdad de oportunidades, principios que consideran vulnerados en este procedimiento.
Denuncia de desprecio al tejido asociativo y crítica al modelo de ciudad
La entidad vecinal enmarca esta actuación como una muestra de desprecio por parte del Ministerio de Cultura hacia el tejido asociativo madrileño y, en particular, hacia los colectivos del distrito Centro. El presidente de la FRAVM, Jorge Nacarino, ha calificado de contradictoria la postura de un departamento que promulga la democratización cultural y la participación ciudadana mientras excluye a las entidades de base. Nacarino ha señalado que no se puede apelar a la cultura comunitaria dando la espalda a quienes trabajan en los barrios y ha subrayado que la participación requiere ofrecer a todas las organizaciones el acceso a los bienes públicos en condiciones de igualdad.
La organización señala que, en un contexto marcado por la presión inmobiliaria y turística en el centro de la capital, la recuperación de inmuebles públicos debería encauzarse a ampliar las dotaciones de proximidad y a reforzar la convivencia vecinal. En este sentido, la FRAVM equipara la gestión de Tabacalera con la ampliación del Museo Thyssen-Bornemisza en el histórico Palacio de Hielo y del Automóvil, donde a su juicio el Ministerio ha priorizado los intereses de grandes instituciones culturales y polos turísticos por encima de los equipamientos requeridos por la población local.
Exigencia de renegociación y posibles acciones legales
Ante este escenario, la FRAVM ha exigido al Ministerio de Cultura la reapertura inmediata de la mesa de negociación, la publicación de los criterios aplicados en el convenio y la revisión del acuerdo para retomar la fórmula planteada originalmente: la cesión de un espacio para el CSA Tabacalera y la reserva del segundo para una gestión comunitaria plural abierta al resto de entidades del barrio.
En caso de no atenderse sus peticiones, la federación ha anunciado que durante la próxima campaña electoral reclamará un compromiso público a todos los partidos políticos para garantizar que el complejo de Tabacalera se ponga al servicio del vecindario de Lavapiés mediante un modelo participativo y transparente. De igual forma, la entidad no descarta acudir a las vías legales a su alcance para defender el derecho de acceso al patrimonio público del distrito. Jorge Nacarino ha concluido remarcando que no solicitan espacios en exclusiva ni cuestionan proyectos de otros colectivos, sino que exigen el cumplimiento de la palabra dada para que el patrimonio público responda a las necesidades globales del barrio y no a decisiones particulares de la dirección ministerial.
