El Grupo Parlamentario Socialista (PSOE) ha registrado ante la Mesa de la Asamblea de Madrid una Proposición No de Ley para su debate en el Pleno de la Cámara autonómica que plantea la creación de un servicio público especializado destinado a prevenir la pérdida de la vivienda habitual y a facilitar la resolución extrajudicial de conflictos relacionados con el alquiler y la residencia.
En la exposición de motivos del documento parlamentario, el grupo proponente subraya que el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna representan uno de los mayores desafíos sociales a los que se enfrenta la Comunidad de Madrid. El texto advierte que el incremento sostenido de los precios del alquiler, la falta de normativa y regulación, la escasez de inversión pública en servicios sociales y el aumento de los conflictos generados por la especulación entre arrendadores y arrendatarios han provocado una escalada de las situaciones de riesgo residencial en la región.
La iniciativa argumenta que muchas de estas situaciones terminan derivando en procedimientos judiciales de desahucio que podrían evitarse si se aplicaran mecanismos de mediación temprana, negociación y un acompañamiento social adecuado. En este sentido, se destaca que la experiencia acumulada en distintas administraciones públicas demuestra que la intervención preventiva resulta mucho más eficaz y humana —tanto desde una perspectiva económica como social— que la actuación ejecutada una vez que ya se ha iniciado el procedimiento judicial.
Por este motivo, los socialistas consideran indispensable dotar a la Comunidad de Madrid de un instrumento institucional estable que facilite la consecución de acuerdos entre las partes, ofrezca asesoramiento especializado y coordine de manera eficaz la actuación de los diferentes agentes implicados en la defensa y protección del derecho a la vivienda.
Asimismo, la exposición de motivos incide en que la creación de esta Oficina Autonómica de Mediación y Prevención de Desahucios permitiría generar espacios reales de diálogo entre inquilinos y propietarios, incorporar la participación activa de los sindicatos de inquilinos y de propietarios, coordinar los recursos sociales disponibles y articular soluciones concretas para evitar la pérdida de la vivienda habitual siempre que existan alternativas viables. El texto recuerda además que, de igual manera que la Comunidad de Madrid impulsó en su momento la creación de una oficina antiokupación, resulta de vital importancia poner en marcha un organismo de estas características para frenar los desahucios en el territorio madrileño.
Mandatos e instancias al Gobierno regional en la Proposición No de Ley
En el apartado resolutivo de la iniciativa, la Asamblea de Madrid es instada a requerir al Gobierno de la Comunidad de Madrid la adopción de las siguientes medidas concretas:
- Creación del organismo y financiación: Constituir formalmente la Oficina Autonómica de Mediación y Prevención de Desahucios de la Comunidad de Madrid concebida como un servicio público especializado, cuyo objetivo central sea prevenir las situaciones de pérdida de la vivienda habitual y facilitar la resolución extrajudicial de los conflictos vinculados al alquiler y a la vivienda. Su puesta en marcha y mantenimiento se financiarían mediante los fondos estatales correspondientes asignados por el Gobierno de España a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.
- Composición y agentes participantes: Configurar la oficina de modo que actúe como una instancia de mediación neutral entre las personas inquilinas y las personas propietarias, integrando asimismo en su funcionamiento la participación directa de la propia administración de la Comunidad de Madrid, las organizaciones sindicales y los representantes del municipio en el que se localice el inmueble objeto de controversia.
- Sistema de alerta temprana: Implantar un sistema operativo de alerta temprana destinado a detectar con antelación cualquier situación de riesgo de desahucio de forma previa a la interposición formal de procedimientos judiciales, lo que permitiría activar con margen suficiente los mecanismos de negociación y el correspondiente acompañamiento a las familias.
- Servicios gratuitos de asesoramiento y orientación: Poner a la entera disposición de las personas usuarias servicios gratuitos que incluyan asesoramiento jurídico especializado, orientación social detallada, información completa sobre las ayudas públicas disponibles para el pago del alquiler y programas de vivienda, así como un acompañamiento continuo durante todo el transcurso de los procesos de negociación.
- Protocolo de actuación social inmediata: Plantear y acordar la creación de un protocolo de actuación inmediata coordinado estrechamente con los servicios sociales municipales y con la red pública de vivienda, con el fin imperativo de garantizar una alternativa habitacional digna y estable en aquellos supuestos en los que la vía de la mediación extrajudicial no devenga en un acuerdo satisfactorio y en la unidad de convivencia residan menores de edad, personas mayores o personas en situación de dependencia.
- Informes de evaluación periódica: Reclamar la elaboración, ejecución y publicación con una periodicidad anual de un Informe de Evaluación del Impacto de la Mediación Residencial en la Comunidad de Madrid, el cual deberá aportar datos rigurosamente desglosados por municipios y por las causas específicas de los procedimientos, evaluando de este modo la efectividad real de las mediaciones alcanzadas y la consiguiente reducción en el número de lanzamientos ejecutados en la región.
