UGT Madrid y CCOO Madrid han denunciado públicamente la actuación de la Comunidad de Madrid durante la reunión celebrada el pasado 23 de octubre para negociar los servicios mínimos de la huelga general convocada por ambas organizaciones sindicales para el próximo 11 de noviembre.
En un comunicado conjunto, los sindicatos sostienen que el proceso de negociación estuvo marcado por la falta de transparencia y por la ausencia de documentación que, a su juicio, resultaba imprescindible para poder evaluar adecuadamente la propuesta presentada por la Administración regional.
Según explican ambas organizaciones, durante la reunión la Comunidad de Madrid expuso su planteamiento sobre los servicios mínimos a través de una presentación proyectada en pantalla, pero sin facilitar previamente ni durante el encuentro la documentación completa por escrito que permitiera analizar el contenido de la propuesta, estudiar su alcance o plantear alternativas fundamentadas.
UGT y CCOO afirman que sus representantes trasladaron en varias ocasiones que no podían pronunciarse sobre una propuesta de esa naturaleza sin disponer de los documentos necesarios. Los sindicatos aseguran que solicitaron reiteradamente que dicha información les fuera entregada por escrito, aunque sostienen que la Administración mantuvo su planteamiento sin atender esta petición.
Discrepancias sobre la proporcionalidad de los servicios mínimos
Las organizaciones sindicales consideran que algunos de los aspectos observados durante la presentación resultan, según su valoración, «claramente desproporcionados» y sostienen que los criterios planteados podrían afectar al ejercicio efectivo del derecho de huelga.
En este sentido, indican que durante la reunión expresaron discrepancias respecto a diversos ámbitos, entre ellos la educación y la sanidad, aunque señalan que la falta de documentación impidió realizar una valoración completa y detallada de la propuesta.
UGT y CCOO también rechazan que la Administración atribuya a los sindicatos la ausencia de propuestas alternativas. Según argumentan, no era posible formular observaciones o contrapropuestas sin disponer previamente del texto completo sobre el que debía desarrollarse la negociación.
Críticas al contenido del acta
Otro de los aspectos cuestionados por los sindicatos es el acta elaborada tras la reunión. UGT y CCOO sostienen que el documento no refleja de forma íntegra las intervenciones realizadas por sus representantes ni recoge todos los posicionamientos expresados durante el encuentro.
Asimismo, afirman que tampoco figura en el acta la participación de otras organizaciones sindicales presentes en la reunión que no forman parte de la convocatoria de huelga. A juicio de ambas centrales, esta circunstancia dificulta que quede constancia fiel del desarrollo de las conversaciones y resulta incompatible con los principios de transparencia institucional que, según defienden, deberían regir este tipo de procedimientos.
Solicitud de documentación
Los sindicatos han solicitado formalmente a la Comunidad de Madrid toda la documentación relacionada con la fijación de los servicios mínimos para la jornada de huelga. Entre la información reclamada figuran los informes técnicos y los criterios utilizados por la Administración para establecer los porcentajes y condiciones previstos para cada sector afectado. UGT y CCOO señalan que su objetivo es verificar que cualquier limitación al derecho de huelga esté debidamente justificada y responda a criterios de proporcionalidad.
Rechazo al acta y posibles medidas legales
Como consecuencia de lo ocurrido durante la reunión, ambas organizaciones han anunciado que no suscribirán el acta redactada por la Administración al considerar que no refleja adecuadamente el contenido de las intervenciones sindicales ni las incidencias registradas durante el encuentro.
Además, reiteran su rechazo a lo que califican como una forma de negociación que dificulta el ejercicio de la representación sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores. UGT y CCOO exigen a la Comunidad de Madrid que rectifique su actuación, facilite la documentación solicitada y garantice un proceso de negociación ajustado a los principios de transparencia y respeto institucional.
Por último, ambos sindicatos advierten de que se reservan la posibilidad de emprender las acciones legales que consideren oportunas para impugnar o denunciar los servicios mínimos que finalmente sean aprobados para la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre.
