La organización Dvuelta, especializada en la defensa de conductores, ha denunciado el funcionamiento de las cámaras de control de línea continua instaladas por la Dirección General de Tráfico (DGT) en cuatro accesos a Madrid y asegura haber conseguido la estimación de 392 recursos en vía administrativa desde la puesta en marcha de estos dispositivos en noviembre de 2025.
Según la entidad, en todos estos expedientes la DGT habría archivado las sanciones recurridas al considerar que el procedimiento empleado no se ajustaba plenamente a las exigencias legales. A partir de estos resultados, Dvuelta sostiene que el sistema presenta irregularidades que deberían corregirse antes de continuar imponiendo multas.
Las cámaras están situadas en cuatro puntos de entrada a la capital, todos ellos en sentido decreciente hacia Madrid:
- A-1, kilómetro 15,9, en Alcobendas.
- A-2, kilómetro 11,8, en Barajas.
- A-6, kilómetro 20,2, en Las Rozas.
- A-42, kilómetro 16,9, en Getafe.
Las denuncias emitidas por estos dispositivos hacen referencia al hecho de «no respetar una marca longitudinal continua, sin causa justificada», una infracción que, según las notificaciones descritas por la organización, está tipificada en el artículo 53.1 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y en el artículo 167 del Reglamento General de Circulación. La sanción asociada asciende a 200 euros.
Cómo funciona el sistema
Dvuelta explica que en cada uno de estos tramos la DGT utiliza dos cámaras dotadas de sistemas de reconocimiento de matrículas. Una se encuentra situada al inicio del carril protegido por línea continua y otra al final.
Según la organización, el sistema compara ambas lecturas y, cuando detecta que un vehículo aparece en posiciones distintas entre un punto y otro, concluye que ha atravesado la línea continua y genera automáticamente la denuncia correspondiente.
La entidad sostiene que, aunque existen imágenes de las matrículas captadas por las cámaras, no se incorpora una fotografía que refleje el momento exacto en que el vehículo supuestamente pisa o cruza la línea continua.
Las objeciones planteadas por Dvuelta
La organización considera que la ausencia de esa imagen constituye uno de los principales problemas del sistema. Según argumenta, cuando una denuncia se basa en un mecanismo de captación de imágenes debería existir una prueba fotográfica en la que pueda observarse de forma directa la conducta sancionada. Dvuelta afirma haber comprobado, tras revisar numerosos expedientes, que dicha imagen no aparece incorporada a las denuncias.
La entidad sostiene que la mera existencia de dos capturas de matrícula en ubicaciones distintas no permite acreditar por sí sola dónde, cuándo o en qué circunstancias se produjo la maniobra ni descartar la existencia de una causa justificada. Por ello, entiende que la falta de una prueba visual directa puede afectar al principio de presunción de inocencia.
Cuestiones relacionadas con la protección de datos
Dvuelta también cuestiona la señalización de los dispositivos. La organización señala que los expedientes revisados no incorporan información sobre la placa identificativa de las cámaras y recuerda que la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales establece obligaciones de información para los ciudadanos respecto a la existencia de sistemas de videovigilancia.
Según la entidad, las zonas controladas mediante cámaras deben estar debidamente señalizadas mediante carteles informativos que adviertan de su presencia.
Críticas al modelo de control
A juicio de Dvuelta, estas cámaras reflejan una estrategia de seguridad vial basada en la automatización de las sanciones sin que, según sostiene, exista una base probatoria suficientemente sólida en cada expediente.
La organización afirma que la DGT conoce las objeciones planteadas y, pese a ello, continúa tramitando denuncias en los mismos puntos kilométricos.
Recomendación a los conductores
Ante esta situación, Dvuelta recomienda a los conductores que hayan recibido una sanción de estas características que revisen detenidamente el expediente antes de efectuar el pago. La entidad aconseja solicitar la prueba fotográfica supuestamente utilizada para acreditar la infracción y comprobar si consta la identificación y la señalización de la cámara empleada.
Según la organización, los 392 expedientes archivados se resolvieron en vía administrativa, sin que fuera necesario acudir posteriormente a los tribunales para obtener la anulación de las sanciones. La Dirección General de Tráfico no ha respondido públicamente, por el momento, a las afirmaciones realizadas por Dvuelta sobre el funcionamiento de estos dispositivos y los recursos estimados.
