La Comunidad de Madrid interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros que recoge destinar 180 millones de euros a determinadas comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, «dejando a la región sin dotación económica».
El Gobierno autonómico considera que este reparto es «discriminatorio y perjudica los intereses de los madrileños». El Ejecutivo regional denuncia que el real decreto «condiciona el acceso a los fondos públicos a la adopción de una medida que corresponde decidir libremente a cada comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias».
Este criterio «penaliza a las comunidades que aplican políticas de vivienda diferentes». El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha señalado tras la reunión de Consejo de Gobierno que «el Gobierno regional defenderá ante los tribunales que los madrileños reciban un trato equitativo y que los recursos públicos se distribuyan sin discriminación por las políticas de vivienda que legítimamente elija cada comunidad autónoma».
