La Oficina del Defensor del Pueblo ha emitido sus conclusiones tras analizar la respuesta del Ayuntamiento de Madrid a las recomendaciones formuladas en su día en relación con la contaminación acústica generada por el complejo cultural y de ocio Espacio Delicias, situado en el distrito de Arganzuela.
El conflicto, impulsado inicialmente a raíz de las reivindicaciones de la Asociación Vecinal Delicias para Todos y la reclamación de una vecina afectada, gira en torno a la aplicación excepcional del artículo 19 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT), que permite superar los límites máximos de ruido permitidos en zonas residenciales bajo determinados supuestos de interés público.
Según el informe del organismo estatal, el consistorio municipal ha rechazado de manera íntegra tres de las cinco recomendaciones iniciales planteadas, ha aceptado una de forma parcial y otra de manera total, aunque con matices críticos por parte de la institución que encabeza Ángel Gabilondo.
Entre los puntos de fricción, el Defensor del Pueblo señala que el Ayuntamiento no justifica de forma suficientemente sólida el interés general que motive la suspensión de los valores límite de calidad acústica, advirtiendo del riesgo de que esta excepción se convierta en la regla general de actuación. Asimismo, la institución cuestiona la interpretación municipal sobre la distancia de seguridad respecto a dotaciones protegidas —como residencias de mayores situadas en el entorno—, recordando que la normativa atiende al lugar de celebración de los actos y no únicamente a la ubicación de los equipos de sonido.
Por su parte, desde los colectivos vecinales afectados se insiste en denunciar el impacto de la actividad sobre el descanso y la salubridad del barrio. La asociación ha reiterado su rechazo a la ubicación de estas instalaciones sobre suelo público dotacional en una zona con déficit de equipamientos, recordando la existencia de procedimientos judiciales previos en torno a las licencias del espacio y reclamando la reactivación del protocolo institucional para la recuperación de dichos terrenos para la ciudadanía.
