El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha intensificado sus medidas de presión laboral tras anunciar la convocatoria de dos nuevas jornadas de paro en el Grupo Renfe y mantener fijadas seis jornadas de huelga en la compañía privada Ouigo. La decisión del colectivo de conducción responde a la «parálisis institucional» y al incumplimiento de los compromisos adquiridos por las administraciones e instituciones públicas para implantar reformas estructurales en materia de seguridad en el sistema ferroviario nacional.
En el caso del Grupo Renfe, la representación sindical ha programado los nuevos paros para los días lunes 10 de noviembre —concebido como una jornada de paro total de 24 horas— y miércoles 12 de noviembre, fecha en la que se registrarán paros parciales a lo largo del día. Estas dos jornadas quedan conectadas de forma consecutiva por la convocatoria de huelga general prevista para el martes 11 de noviembre, lo que provocará un escenario de tres días seguidos de interrupciones de tráfico en la operadora pública.
De forma paralela, el sindicato de maquinistas ha confirmado que mantiene de forma íntegra el calendario de huelga en la firma Ouigo, compuesto por un total de seis jornadas de paros que darán comienzo a partir de este mismo viernes, extendiéndose a lo largo de las próximas semanas para exigir avances en la seguridad de los cuadrantes y en las condiciones laborales de la plantilla.
Disparidad de balances en la huelga del jueves y origen de la protesta
La extensión del conflicto laboral se produce tras la jornada de protesta desarrollada este jueves en Renfe. Respecto al seguimiento de este paro de 24 horas, las partes han ofrecido cifras divergentes: mientras desde Semaf se ha calificado la huelga de «éxito rotundo» situando la participación de los profesionales de cabina en el 100%, la dirección de la compañía pública ha rebajado la adhesión al 26,63% según los datos registrados a las 18:00 horas.
Esta fase de movilización se declaró oficialmente el pasado 16 de octubre tras resultar infructuosas las reuniones de la comisión de conflictos. Posteriormente, un encuentro mantenido entre los representantes sindicales, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Renfe constató que las medidas de seguridad comprometidas tras los pactos del pasado mes de mayo continuaban sin ejecutarse.
Pliego de reivindicaciones: seguridad operativa, material rodante y jubilación
El conjunto de demandas presentadas por la organización sindical para el conjunto del sector se articula a través de las siguientes prioridades técnicas y laborales:
- Emergencias climáticas y riesgos en la vía: Aprobación e implantación de protocolos de actuación obligatorios ante fenómenos meteorológicos adversos, junto a una normativa de coordinación de comunicaciones que anteponga la seguridad sobre la fluidez de la circulación.
- Cultura de seguridad: Despliegue efectivo del modelo internacional de «Cultura Justa» para evitar la depuración automática de responsabilidades penales o administrativas sobre los maquinistas tras un percance.
- Supervisión institucional: Creación de un canal directo entre las organizaciones sindicales, la AESF y la Inspección de Trabajo para velar de forma conjunta por la seguridad de la red y las condiciones de trabajo.
- Estado del material rodante: Adopción de soluciones técnicas definitivas frente a los fallos de fiabilidad e incidencias de seguridad detectados en el parque de trenes.
- Descansos y jubilación: Aplicación rigurosa de las pausas de conducción fijadas por el artículo 36 del Real Decreto 929/2020 y desbloqueo del procedimiento regulado en el Real Decreto 2621/1986 para aplicar los coeficientes reductores en la edad de jubilación del personal.
- Nuevas incorporaciones: Cumplimiento íntegro de los acuerdos de mayo relativos a las condiciones de entrada de los maquinistas en periodo de capacitación.
- Protocolos tras arrollamientos: Mantenimiento y cumplimiento estricto del protocolo de atención médica y apoyo psicológico a los conductores tras sufrir un atropello en la vía, conforme a los criterios vigentes desde 1990.
