El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado este lunes su decisión de adelantar la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. El anuncio llega tras sopesar durante el fin de semana con su equipo más cercano la opción de convocar los comicios en el contexto actual de protestas sociales centradas en el acceso a la vivienda.
Durante su comparecencia, el jefe del Ejecutivo ha defendido la medida argumentando la necesidad de conseguir un respaldo ciudadano más sólido en las urnas. “Sé que a una mayoría social le indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Es verdad también que aún quedan muchas injusticias que corregir, muchos problemas que resolver en los ámbitos de la desigualdad de los servicios públicos y del acceso a la vivienda, pero para hacer más, necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente para acometer en profundidad las reformas pendientes. Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría más amplia”, ha manifestado Sánchez.
Asimismo, el presidente ha incidido en la importancia de articular una representación parlamentaria progresista superior con la meta de “doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España”. A primera hora de la mañana, el mandatario ha trasladado formalmente al jefe del Estado, Felipe VI, la disolución de las Cortes Generales.
En su intervención ante los medios, Sánchez también ha enmarcado la convocatoria en un escenario internacional y tecnológico complejo: “El mundo se asoma a una época muy compleja de transformación, de emergencia climática, de cambios sociales, también tecnológicos con la inteligencia artificial, muy disruptivos. Una época, por tanto, de grandes peligros, pero también, si sabemos aprovecharla, de grandes oportunidades. Los españoles y españolas tenéis que decidir qué papel queréis jugar en ella y también qué papel queréis que España juegue en ella”.
Con esta decisión se pone fin a un mandato condicionado por una compleja y frágil aritmética en el Congreso. La coalición gubernamental integrada por el PSOE y Sumar inició la andadura con un bloque de 152 escaños propios —situándose a 24 diputados de la mayoría absoluta—, lo que obligó al Ejecutivo a negociar y recomponer de manera constante mayorías heterogéneas con formaciones como ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria para sostener la investidura lograda en noviembre de 2023.
Desde que asumió la jefatura del Gobierno en 2018, Sánchez se erige como el mandatario democrático con mayor media de promulgación de decretos por año, registrando 24,1 textos de este tipo. En lo que respecta al periodo iniciado en 2023, el Ejecutivo ha impulsado un total de 60 decretos, de los cuales únicamente 45 han conseguido la convalidación en la Cámara Baja, mientras que 11 fueron rechazados y 4 continúan a la espera de votación.
