La celebración del festival Mad Cool 2026, prevista para el próximo mes de julio, se enfrenta a un importante obstáculo administrativo. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha registrado un escrito formal de alegaciones ante el consistorio madrileño en el que solicita que se rechace la licencia del evento. La organización vecinal fundamenta su petición en tres pilares: deficiencias críticas en la movilidad, antecedentes sancionadores del promotor y un proceso de información pública que califican de «formalidad aparente».
El punto más crítico del informe vecinal denuncia que un evento de tal magnitud —con una afluencia diaria de 57.000 personas— carezca de una zona de estacionamiento dedicada. Según el escrito, el plan de movilidad traslada toda la carga de los vehículos privados al viario público y a los barrios residenciales colindantes. La FRAVM tilda de «difícilmente concebible» esta carencia y la compara con otros recintos de gran aforo:
- Estadio Metropolitano: Dispone de 3.013 plazas para unos 70.000 espectadores.
- Ciudad del Rock (Arganda): Cuenta con cerca de 6.000 plazas para 96.000 asistentes.
Además, los vecinos cuestionan el «optimismo» de las cifras del festival. Mientras que el plan para 2025 estimaba que el 40% de los asistentes llegaría en coche, el documento para 2026 reduce esa previsión al 20,20% (unos 3.838 vehículos) basándose en una «recomendación» de uso del transporte público que, según la Federación, no tiene base empírica que asegure un cambio de conducta tan drástico en los usuarios.
Dudas sobre la «idoneidad» del promotor
El segundo eje de la reclamación se centra en la figura del administrador del festival. La FRAVM exige una «motivación reforzada» para conceder la licencia, recordando que el promotor se encuentra a la espera de un juicio oral por presuntos delitos contra el medio ambiente relacionados con la contaminación acústica del año 2023.
El escrito subraya que la Fiscalía solicita dos años de prisión para el administrador y la inhabilitación de la sociedad para contratar con el sector público. La organización vecinal recuerda que ya existen expedientes sancionadores previos por superar los límites de ruido tanto en la edición de 2023 (Ayuntamiento de Madrid) como en la de 2024 (mediciones del Ayuntamiento de Getafe), lo que a su juicio inhabilita la «fiabilidad» del solicitante para garantizar la protección ambiental.
Críticas al proceso administrativo: el plazo de 5 días
La Federación Vecinal califica de «manifiestamente insuficiente» el plazo de cinco días hábiles otorgado por el Ayuntamiento para examinar un expediente técnico tan denso. Argumentan que la brevedad del trámite «vacía de contenido la participación» de los afectados, dada la complejidad de los planes de seguridad, movilidad y acústica que deben analizarse. Por ello, solicitan que se reinicie el proceso con un margen que permita una fiscalización vecinal efectiva.
Impacto en los residentes y propuesta de traslado
La noticia llega en un clima de «pesar y enfado» para los habitantes de zonas como Getafe Norte o la Colonia Marconi. El calendario previsto para 2026 contempla:
- Duración: Cinco jornadas (del 8 al 12 de julio).
- Horarios: Cierres a las 00:30 (miércoles y domingo) y a las 02:00 (jueves, viernes y sábado).
- Desalojos: Hasta las 03:00 de la madrugada.
En línea con la Plataforma Stop Mad Cool, la FRAVM insiste en que el actual emplazamiento no es el adecuado. Sostienen que en la Comunidad de Madrid existen recintos con mejor accesibilidad y, sobre todo, mayor distancia de las áreas residenciales, lo que evitaría la saturación del espacio público y el impacto sonoro que actualmente sufren los vecinos de los municipios afectados.
