El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso (PP), ha dado un paso más en su estrategia habitacional al renovar el programa ‘Mi Primera Vivienda’. La principal novedad, publicada este lunes en el Portal de Transparencia, es el incremento del precio máximo de los inmuebles que pueden acogerse a la medida, pasando de los 390.000 euros anteriores a un nuevo techo de 425.000 euros. Con este ajuste, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras busca adecuar la ayuda a la realidad de un mercado marcado por el encarecimiento de los costes de vida.
El espíritu de la medida se centra en ayudar a perfiles solventes que, a pesar de tener capacidad para afrontar una cuota mensual, carecen de la base de ahorros necesaria para cubrir el 20% inicial que suelen exigir los bancos. Gracias a la colaboración con nueve entidades financieras, los beneficiarios pueden obtener una financiación de hasta el 100% del valor del inmueble.
Nuevos beneficiarios y requisitos flexibles
Además del ajuste económico, el programa amplía su espectro social. A la ya anunciada extensión de la edad máxima hasta los 50 años, se suma ahora la inclusión de familias con hijos menores sin importar la edad de los progenitores. Este grupo se añade a los colectivos prioritarios que ya operaban: familias numerosas, monoparentales o aquellas con nacimientos y adopciones recientes.
La nueva normativa también introduce una mayor flexibilidad en las condiciones laborales de los solicitantes y amplía a cinco años el tiempo obligatorio en el que la propiedad debe destinarse a residencia habitual. Asimismo, se han redefinido los criterios de titularidad previa para permitir el acceso a personas que, aun habiendo tenido propiedad, se encuentren en supuestos excepcionales.
Balance y Presupuesto del Programa
- Inversión 2026: 25 millones de euros.
- Inversión Total: 111 millones acumulados.
- Hipotecas concedidas: 4.601 unidades.
- Beneficiarios: 6.974 madrileños.
Impulso a la oferta y seguridad jurídica
Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso defienden que estas modificaciones son «prioritarias» para derribar las barreras de entrada al mercado inmobiliario en el actual contexto económico. El nuevo texto no solo mejora la gestión de los fondos, sino que fija la vigencia de los convenios con los bancos en dos años, facilitando que nuevas entidades se adhieran al proyecto.
El proyecto de orden se encuentra actualmente en fase de consulta pública. Los ciudadanos e instituciones interesadas podrán presentar sus alegaciones hasta el próximo 12 de mayo.
