De acuerdo con el balance provisional de salud laboral del pasado mes de marzo, la región madrileña registró un total de tres víctimas mortales en el ámbito profesional. Según el desglose de estos fallecimientos, dos de ellos ocurrieron durante el desarrollo de la actividad laboral, mientras que el tercero se produjo bajo la modalidad in itinere, es decir, en el trayecto hacia o desde el puesto de trabajo.
En cuanto a las muertes en jornada, ambas se localizaron en el sector industrial. Las causas específicas detalladas en el informe señalan una patología de carácter no traumático en uno de los casos y un aplastamiento en el otro. Para CCOO Madrid, aunque la cifra de fallecidos es menor que en periodos anteriores, los datos siguen siendo inasumibles para la seguridad de los trabajadores.
Incremento sustancial de la siniestralidad grave
El dato más alarmante de este balance mensual es el fuerte repunte de los accidentes de carácter grave. En marzo se contabilizaron 43 siniestros graves en jornada, lo que representa un incremento del 72% si se compara con el mismo mes del año 2025. Al analizar el conjunto global de accidentes graves (incluyendo los desplazamientos), la subida se sitúa por encima del 45%.
Desde el sindicato advierten que estos números evidencian un problema «estructural» en la prevención de riesgos. Sostienen que, en muchas ocasiones, la diferencia entre una lesión muy grave y un fallecimiento es fruto exclusivamente del azar, lo que impide que la leve bajada en la mortalidad oculte el deterioro general de las condiciones de seguridad.
Demandas de acción preventiva y control
El reciente accidente por aplastamiento ha reabierto el debate sobre la gestión de cargas y la organización de las tareas. CCOO Madrid insiste en que las evaluaciones de riesgos actuales no se están traduciendo en medidas preventivas reales en los centros de trabajo, citando la falta de medios, planificación y supervisión como causas directas.
Ante esta situación, la organización sindical ha planteado una serie de exigencias urgentes:
- Implementación de planes de movilidad específicos por parte de las empresas para reducir el riesgo in itinere.
- Realización de evaluaciones de riesgos que sean reales y efectivas, no meramente administrativas.
- Aumento del control y la vigilancia sobre aquellas compañías que vulneren la normativa vigente.
- Mayor inversión en formación y medios para garantizar que los trabajadores no se expongan a situaciones evitables.
El sindicato concluye que la mayoría de estos percances no son inevitables, sino la consecuencia de una falta de previsión y de control efectivo sobre el cumplimiento de la ley de prevención.
