Agentes de la Policía Nacional han liberado a tres víctimas y desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de mujeres con fines de explotación sexual. Las víctimas, mujeres vulnerables de origen sudamericano, eran captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea y trasladadas a España tras generarles una deuda de hasta 7.000 euros. Una vez en España, eran obligadas a ejercer la prostitución en diferentes viviendas y clubes trabajando 24 horas al día, con tan solo dos horas de descanso y sin poder negarse a realizar ningún tipo de servicio sexual.
Además, debían ceder su imagen para publicar anuncios en páginas web de contactos. En algunos casos, las víctimas eran amenazadas y coaccionadas para que continuaran ejerciendo la prostitución, llegando incluso a recibir fotografías de sus familiares en sus países de origen como forma de intimidación. Finalmente, la investigación ha permitido la liberación de tres víctimas y la detención de once personas en las provincias de Castellón (6), Madrid (2), Sevilla (2) y Alicante (1). Cuatro de los principales responsables han ingresado en prisión provisional.
Captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea
La investigación policial se inició en septiembre de 2025 tras la declaración de varias víctimas, que pusieron de manifiesto la existencia de un entramado criminal de carácter internacional dedicado a la captación de mujeres de origen sudamericano para su explotación sexual en España.
Las víctimas eran captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea, donde los miembros de la organización criminal establecían contactos con mujeres en situación de vulnerabilidad personal, económica y social. A través de engaños y técnicas de manipulación conseguían ganarse su confianza y persuadirlas para viajar a España.
Para facilitar su traslado, la red criminal les proporcionaba los billetes de ida y vuelta, la reserva del hotel y un seguro médico de viaje, todo ello con el objetivo de simular un viaje meramente turístico y evitar con ello, sospechas en los controles fronterizos.
Amenazas a las víctimas y a sus familias
Una vez en España, las víctimas contraían una deuda que ascendía a 7.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución para el entramado criminal. La investigación ha permitido determinar que las mujeres eran explotadas sexualmente en diferentes clubes y en pisos prostíbulo situados en Castellón, Madrid y Sevilla. En muchos casos permanecían durante varios días o semanas en una vivienda antes de ser trasladadas a otros pisos gestionados por miembros de la organización.
Las mujeres tenían su libertad limitada a dos horas diarias de descanso y debían trabajar las 24 horas al día, los siete días de la semana. Además, los gastos de manutención y el material profiláctico corrían a cargo de las propias víctimas. El reparto de los beneficios de los servicios sexuales era, teóricamente, del 50 por ciento para las mujeres y del 50 por ciento para la responsable del piso, aunque esta condición rara vez se cumplía.
Las víctimas también eran obligadas a ceder su imagen para publicar anuncios en páginas web de contactos encontrándose permanentemente vigiladas por la persona responsable del inmueble. De la misma forma, debían aceptar cualquier tipo de servicio sexual, incluso sin material de protección o estando enfermas o durante la menstruación y estaban obligadas a consumir, transportar y ofrecer sustancias estupefacientes, siendo sancionadas en caso de negarse.
Durante la investigación se constató que algunas de las víctimas vivían con un gran temor a posibles represalias por parte de la organización. En algunos casos llegaron a recibir fotografías de sus familiares en sus países de origen con el objetivo de intimidarlas y garantizar que continuaran ejerciendo la prostitución sin denunciar los hechos. Además, los investigados exigían el pago periódico de la deuda mediante llamadas telefónicas y realizaban traslados continuos de las mujeres entre distintos prostíbulos del territorio nacional.
Once detenidos y cuatro en prisión
Como resultado de las gestiones policiales se practicaron cuatro diligencias de entrada y registro en la provincia de Castellón, donde fueron liberadas tres víctimas. Finalmente, se procedió a la detención de 11 personas en las provincias de Castellón (6), Madrid (2), Sevilla (2) y Alicante (1), cuatro de los cuales se encuentran en prisión provisional como presuntos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra la salud pública.
En el operativo policial se intervinieron dos teléfonos móviles, un datáfono utilizado para el cobro de los servicios sexuales y documentación relacionada con la actividad criminal.
