La anulación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa de Residuos por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha provocado una inmediata reacción en los grupos de la oposición. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha comparecido este martes para exigir al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que proceda a la devolución inmediata y de oficio de los importes recaudados, cuya cifra cifra en torno a los 300 millones de euros.
Desde la formación liderada por Maestre, califican la sentencia como una «victoria ciudadana» y un nuevo «varapalo judicial» para el regidor. La portavoz ha recordado que su grupo ya advirtió de las irregularidades en la tramitación de la tasa, que finalmente el TSJM ha declarado nula de pleno derecho por omitir informes técnicos esenciales durante la exposición pública.
«Cualquier respuesta que no sea la devolución hasta el último euro será un insulto a los madrileños», ha aseverado Maestre. Según la líder de la oposición, la tasa ha resultado ser una «chapuza ilegal» que no ha repercutido en la mejora del servicio. «Madrid está cada vez más sucio, con los contenedores a rebosar, mientras el alcalde se centraba en recaudar para hacer regalos fiscales a los más ricos», ha denunciado.
Petición de no recurrir ante el Supremo
Uno de los puntos clave de la comparecencia ha sido la petición expresa al Gobierno municipal de no interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Para Más Madrid, prolongar el proceso judicial supondría un «despilfarro de dinero público para defender lo indefendible».
Asimismo, han solicitado al Tribunal Económico-Administrativo Municipal (TEAMM) que paralice de inmediato la tramitación de las más de 130.000 reclamaciones que tiene pendientes. La formación advierte que, si el TEAMM sigue desestimando estos recursos basándose en la ordenanza ahora anulada, obligará a miles de vecinos a acudir a la vía contenciosa, con el consiguiente gasto en abogados y procuradores.
Agravio comparativo entre barrios
Maestre ha incidido en que la tasa era «profundamente injusta», asegurando que penalizaba especialmente a los distritos del sur y el este. Según sus declaraciones, el sistema de cálculo no tenía en cuenta el número de habitantes por hogar ni la renta, y cargaba sobre los residentes el coste generado por el turismo masivo, ante la negativa del equipo de Gobierno de implantar una tasa turística en la capital.
Desde el grupo municipal recuerdan que ya solicitaron en el Pleno la dimisión de la directora de la Agencia Tributaria de Madrid por la gestión de este expediente —una moción que fue aprobada pero no ejecutada por el alcalde— y critican que se omitiera un informe técnico de 100.000 euros que resultó ser el «núcleo» de la anulación judicial.
