La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central la realización de una auditoría independiente sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a proyectos de macroplantas fotovoltaicas. Así lo ha trasladado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en una carta remitida a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
En ella, ha expresado la “creciente preocupación del Ejecutivo autonómico ante las graves sospechas de prácticas corruptas en la concesión de estas declaraciones de impacto que estamos conociendo en las últimas fechas”. El objetivo, tal y como ha indicado Novillo, es que se verifique que estas DIA, cuya competencia corresponde a la Administración General del Estado, se han tramitado con el rigor técnico exigible.
En la región se han aprobado un total de 53, que suponen 10.490 hectáreas. La misiva subraya el compromiso de la Comunidad de Madrid con la transición energética, pero advierte de que “debe realizarse con criterios de equilibrio, rigor y adecuada ordenación del territorio”. En este contexto, el consejero insiste en que el despliegue de las energías renovables debe ser compatible con la protección del medio ambiente y de sectores estratégicos, como la agricultura.
Además, advierte de los posibles efectos sobre suelos de alto valor productivo, especialmente el olivar y viñedo, cuya conservación resulta clave desde el punto de vista económico, ambiental y cultural. De igual modo, alerta de que algunas de las DIA ya concedidas podrían presentar deficiencias relevantes en su tramitación, según informaciones recientes, lo que podría comprometer tanto la protección del entorno como la seguridad jurídica de las inversiones.
El escrito también pone de manifiesto que, en la tramitación de estos proyectos, se habría alterado el orden lógico del procedimiento, al haberse emitido las DIA con anterioridad a la planificación estratégica del territorio. Para el consejero, “resulta imprescindible corregir este modelo para evitar una ocupación desordenada del suelo”.
En este sentido, el Ejecutivo madrileño solicita la realización urgente de un análisis acumulativo de carácter territorial que permita evaluar el impacto conjunto de las grandes instalaciones fotovoltaicas sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo y las infraestructuras.
Reforzar el papel de las Comunidades Autónomas
Entre las medidas planteadas, el Gobierno regional reclama que las comunidades autónomas dispongan de un informe territorial vinculante en los proyectos cuya evaluación ambiental corresponde al Estado, especialmente en lo relativo a la protección del suelo agrario y la compatibilidad urbanística.
Además, propone revisar el actual marco competencial para que las autonomías puedan asumir la autorización y evaluación ambiental de todas las instalaciones fotovoltaicas, incluidas las de más de 50 megavatios. Se trata de macroplantas de más de 100 hectáreas y, por lo tanto, las que más afecciones territoriales, medioambientales y paisajísticas tienen en regiones de pequeña extensión como es la Comunidad de Madrid.
Limitación al 4% de los espacios para estas instalaciones
La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha activado un Plan de Protección del Paisaje, que delimita los espacios para instalar plantas fotovoltaicas, limitándolos a un 4% de la superficie autonómica, para proteger la agricultura y el entorno natural de los municipios. Incluye un mapa de zonificación regional que se puede visualizar en este enlace.
En él se pueden ver los lugares adecuados para situar estas infraestructuras de energía limpia, de forma compatible con el entorno medioambiental, social y económico, que suponen alrededor de 320 kilómetros cuadrados. Además, muestra los excluidos por su impacto en el paisaje, recursos agrícolas o espacios de valor cultural, entre otros. En este sentido, la prioridad para el Ejecutivo autonómico es aprovechar para estas instalaciones infraestructuras existentes, como cubiertas y zonas de baja productividad agrícola y ambiental, habiendo conseguido pasar de 370 en 2018 a más de 100.000 en 2025.
