Agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a 30 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada, presuntamente, a la adquisición de vehículos de alta gama mediante financiaciones obtenidas con identidades usurpadas y documentación falsificada. Posteriormente, los turismos eran trasladados a distintos países europeos donde eran vendidos a un coste menor al de mercado.
La investigación se inició a comienzos del año 2025 a raíz de una denuncia interpuesta por una conocida financiera dando cuenta sobre ciertas irregularidades detectadas en el proceso de compra de un vehículo donde se aportaba un documento de identidad usurpado.
La organización estaba dirigida por una pareja asentada en la Comunidad de Madrid. El varón se encargaba principalmente de la parte operativa y de la captación de personas vulnerables, muchas de ellas en situación de indigencia o con problemas de adicción a sustancias estupefacientes, a quienes ofrecían una remuneración de 1.000 euros a cambio de colaborar con la organización, facilitando su fotografía para la elaboración de los documentos falsificados y la posterior recogida de los vehículos en los propios concesionarios.
En dichos documentos figuraba la imagen de las personas captadas, pero con los datos personales de terceros cuyas identidades habían sido previamente usurpadas. La mujer, considerada la principal responsable del entramado, dirigía la operativa criminal y daba instrucciones precisas tanto a su pareja como a las personas captadas sobre cómo actuar y qué manifestar en caso de que se detectara la falsedad de la documentación.
Tenían un laboratorio en su propio domicilio
Accedieron a diversas bases de datos desde las que obtenían documentos de identidad y otros datos personales de las víctimas. Con esta información elaboraban, en un laboratorio instalado en su propio domicilio, documentos nacionales de identidad falsificados de gran calidad y sofisticación, considerados por los investigadores entre los más perfeccionados detectados hasta la fecha.
En ellos figuraban los datos personales de las víctimas, si bien modificaban el domicilio para que la correspondencia remitida por las entidades financieras llegara a direcciones controladas por la organización y no al domicilio real de las personas suplantadas.
Además, los investigados contaban con la capacidad de falsificar toda la documentación necesaria para formalizar los contratos de financiación, entre ellos nóminas o informes de vida laboral, lo que les permitía completar con éxito el proceso de adquisición fraudulenta de los vehículos.
Reservaban habitaciones de hotel para cuidar la imagen
Esta red criminal contaba además con colaboradores encargados de proporcionar vestuario adecuado a quienes debían retirar los vehículos, llegando incluso a reservar habitaciones de hotel donde estas personas podían asearse y vestirse con ropa elegante antes de acudir a los establecimientos de venta. Para ello, las personas encargadas de esta tarea manipulaban su apariencia utilizando pelucas, gafas o bigotes con el objetivo de asemejarse lo máximo posible
Para la recogida de los vehículos, los encargados utilizaban teléfonos móviles adquiridos exclusivamente para este cometido. A través de estos dispositivos, los cabecillas les facilitaban la identidad que debían asumir, así como los datos personales que debían conocer en caso de que les fueran requeridos en el concesionario, tales como el domicilio o la ocupación laboral.
A continuación, los líderes les acompañaban hasta las inmediaciones del concesionario donde permanecían realizando labores de contravigilancia con el fin de detectar una posible presencia policial y asegurarse de que el vehículo era retirado con éxito. Posteriormente, los vehículos eran trasladados a distintos países europeos, entre ellos Francia, Alemania o Rumanía, donde eran vendidos a un precio inferior al de mercado, dificultando así tanto la investigación policial como las actuaciones judiciales posteriores.
A lo largo de la operación se recuperaron 28 vehículos de alta gama valorados en 1.260.000 euros y se realizó una entrada y registro en Madrid donde se intervinieron 33 teléfonos móviles, 4 ordenadores, joyas por un valor de 34.000 euros, 7.000 euros y 32 documentos de identidad falsificados.
La investigación culminó con la detención de 30 personas – Madrid (23), Francia (1), Lleida (1), Albacete (3), Plasencia (1), Guadalajara (1) – que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, falsificación de documentos, estafas, usurpación del estado civil y apropiación indebida ingresando dos de ellos en prisión.
