La Policía Nacional ha liberado a ocho mujeres obligadas a practicar servicios sexuales a menores de edad. Las mujeres vivían hacinadas en el sótano de un chalé que no contaba con ventilación suficiente y las pequeñas ventanas de las habitaciones estaban bloqueadas por rejas. Los detenidos amenazaban a las mujeres con multas, utilizando una pizarra y diversa cartelería distribuida por toda la vivienda en la que advertían todas sus prohibiciones y sanciones.
Por todos estos hechos, han sido detenidas seis personas, entre los que se encuentran los principales cabecillas, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución, contra la salud pública y corrupción de menores, decretando la autoridad judicial el inmediato ingreso en prisión de los principales responsables.
Entrevista previa y firma de un contrato de exclusividad
La investigación se inició en el mes de diciembre de 2025 al tener conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad. Las pesquisas policiales permitieron averiguar que los principales responsables de la organización utilizaban una página web en la que, además de publicar fotos de las mujeres y los servicios sexuales que las obligaban a ofrecer, facilitaban un contacto para concertar entrevistas personales.
Tras llevar a cabo las mismas, los miembros de la organización ofrecían un contrato ficticio, que en la mayoría de las ocasiones era firmado sin que la víctimas fueran conocedoras de su contenido, incrementando exponencialmente su situación de vulnerabilidad. Habitualmente, en los contratos eran incluidas cláusulas de cesión de imágenes, así como de exclusividad para el ejercicio de la prostitución en la vivienda designada por la organización.
La alarma que las indicaba que tenían que presentarse a los clientes
Los miembros de la organización utilizaban un timbre que hacía los efectos de alarma, para indicar a las mujeres que debían abandonar todo lo que estuvieran haciendo -incluso comer- y presentarse ante los clientes.
La investigación policial permitió averiguar que debían prestar sus servicios sexuales las 24 horas del día, sin posibilidad de descanso a lo largo de toda su jornada, pudiendo reposar solamente un día por semana. Además, la organización criminal establecía turnos de encargadas -dos mujeres en turnos de 12 horas- que cubrían tanto la mañana como la noche. Estas encargadas gestionaban las llamadas de teléfono, las citas, la venta de drogas a los clientes, y el cobro de los servicios que podía llevarse a cabo en efectivo, con tarjeta o a través de aplicaciones informáticas.
En ningún caso las víctimas podían negarse al desarrollo de ninguna práctica sexual, debiendo prestarlas igualmente fuera de la vivienda, portando sustancias estupefacientes para los clientes que previamente las habían encargado. Además, algunas de las mujeres no habían podido salir de la vivienda al exterior desde su llegada, siendo retirada y escondida toda su documentación por parte de uno de los cabecillas de la organización.
Carteles por la casa con prohibiciones y amenazas
Los investigadores pudieron constatar que en la vivienda había sido colocada tanto una pizarra en la que se podía ver las multas económicas impuestas a las víctimas como cartelería en la que reflejaban todas las prohibiciones y normas que debían acatar.
Algunas de las sanciones económicas estaban relacionadas con el intento de negarse a prestar algún servicio. Además, como las propias mujeres tenían que encargase tanto de la limpieza como del orden del chalé, también eran impuestas multas económicas cuando esto no se realizaba según sus parámetros y órdenes.
Hacinadas en un sótano sin ventilación y con rejas en la ventanas
La vivienda estaba ubicada en el distrito madrileño de Ciudad Lineal y, contaba con tres plantas. Tanto la superior como la baja eran utilizadas para la práctica de los servicios sexuales y, las víctimas solo podían ocupar dos pequeñas habitaciones localizadas en el sótano del inmueble. El acceso a este sótano se realizaba a través de una angosta escalera y, al final de la misma se localizaban dos pequeñas habitaciones con literas en las que las víctimas dormían. Las mujeres tenían que colocar todas sus pertenencias personales en el suelo y sobre los propios colchones, reduciendo aún más el espacio en el que tenían que desenvolverse.
Además, estaban carentes de toda ventilación efectiva contando solamente con dos ventanucos ubicados en la parte alta de la pared bloqueados por rejas que impedían que pudieran escapar a través de ellos, incluso si se hubiera desatado un incendio. Finalmente, en este sótano había un pequeño cuarto de baño que era el único que podía ser utilizado por las víctimas.
Servicios sexuales a menores en connivencia con los detenidos
Entre los clientes que acudían a este domicilio, se encontraban menores de edad. Las mujeres se veían obligadas a atenderles, a pesar del conocimiento por parte de la organización criminal de este extremo.
Por todos estos hechos, en el mes de febrero se procedió a la entrada y registro del domicilio, donde pudieron ser intervenidos 2.000 euros, teléfonos móviles, diversa documentación y cocaína. Además, se llevó a cabo la detención de seis personas -un hombre y cinco mujeres- como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución, contra la salud pública y corrupción de menores, decretando el inmediato ingreso en prisión por parte de la autoridad judicial.
Con la trata no hay trato
La Policía Nacional incide en que la vía más importante para poder ayudar a las víctimas de este delito es poner el hecho en conocimiento de las autoridades, subrayando que cualquier persona que conozca o sufra una situación de estas características la denuncie a través del teléfono 900 10 50 90, del correo electrónico trata@policia.es así como de las formas habituales de contacto con la Policía Nacional a través del teléfono de emergencias 091 o en cualquier dependencia policial.
