El proceso urbanístico en torno a las Cocheras de Cuatro Caminos ha quedado anulado definitivamente tras la reciente decisión de la sala de casación del Tribunal Supremo de desestimar los recursos interpuestos por la Comunidad de Madrid y la sociedad adjudicataria. Con este fallo, adquiere firmeza la sentencia que declaraba nulo el plan urbanístico, en un conflicto que se remonta a la enajenación de la parcela en 2014.
Cronología de un conflicto patrimonial
La Asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) ha liderado la oposición a este proyecto, defendiendo que las instalaciones —inauguradas en 1919 y diseñadas por Antonio Palacios— poseían un «indubitable potencial como contenedor de historia, cultura y técnica». Según la asociación, el recinto representaba un «Patrimonio Cultural de primer orden» cuya demolición ha sido calificada por los colectivos civiles como «ilegal e ilegítima».
Por su parte, las asociaciones critican que las administraciones actuaron con «modales gubernamentales antidemocráticos» al negar inicialmente la autoría de Palacios y rechazar la declaración del conjunto como Bien de Interés Cultural (BIC), a pesar de que las cocheras llegaron a figurar en la lista de las «joyas patrimoniales más amenazadas de Europa» de la organización Europa Nostra.
Nulidad judicial y demolición
A pesar de que en abril de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró nulo el planeamiento «ab initio», el Ayuntamiento de Madrid permitió completar la demolición de las estructuras originales en junio de ese mismo año. Tras la sentencia, el Consistorio tramitó un segundo plan que, según MCyP, era «exactamente el mismo plan anterior» bajo el argumento de «subsanar errores formales».
Este segundo intento también fue recurrido y nuevamente anulado por el TSJM en junio de 2025, un fallo que ahora el Tribunal Supremo ha convertido en definitivo. La asociación denunciante considera «del todo irregular» que la operación de compraventa de suelo público siga vigente tras una década y señala que la insistencia administrativa en aprobar planes anulados crea la «sospecha» de una implicación personal de los responsables.
Exigencia de reparación
Tras la confirmación de la justicia, MCyP ha calificado la operación como «lesiva contra el Patrimonio Cultural madrileño» y ha acusado al gobierno municipal de ser «consentidor y cómplice de la destrucción» de la obra de Antonio Palacios.
A pesar de que los daños son «irreparables en términos de autenticidad», los colectivos exigen una «reparación del daño causado». Su propuesta pasa por recuperar el espacio original para albergar la colección histórica de Metro de Madrid, uniendo «colección y contenedor» en el lugar donde nació el metropolitano. Para la asociación, la situación actual requiere «la búsqueda de una solución que recupere el espacio original» 16 años después del inicio del conflicto.
