La Sección 5 de la Audiencia Provincial de Madrid celebrará el próximo 25 de febrero, a partir de las 10:00 horas, el juicio contra E. P. C., una antigua empleada de banca acusada de causar un perjuicio económico de más de 44 millones de euros a la entidad BBVA. La Fiscalía solicita para la procesada un total de siete años de prisión por los delitos de administración desleal y falsedad continuada en documento mercantil, cometidos presuntamente durante su etapa como técnica especializada en soluciones de negocio.
Según el escrito de acusación, la acusada desempeñaba funciones de gestión y contratación de garantías en operaciones de Factoring Internacional, un cargo que ejercía con absoluta independencia basada en la confianza depositada por sus superiores tras años de experiencia. Sin embargo, el Ministerio Fiscal sostiene que, entre julio de 2015 y diciembre de 2017, la procesada se apartó sistemáticamente de los procedimientos establecidos para proteger los fondos de la entidad. Se estima que ejecutó el 90% de las operaciones de factoring sin contratar las garantías preceptivas de corresponsales extranjeros, ocultando esta omisión al banco mediante la remisión de documentación falsa que simulaba la existencia de dichas coberturas.
El relato de la Fiscalía detalla que la acusada, aprovechando su acceso a la plataforma informática EDI, incrementó deliberadamente hasta el 50% las comisiones que el banco debía pagar a los supuestos corresponsales. Estas cantidades eran desviadas a cuentas instrumentales bajo su control para crear un fondo con el que cubrir las pérdidas de las operaciones que resultaban fallidas y que no estaban garantizadas. A través de este mecanismo, la acusada llegó a remansar 22.200.000 euros en una cuenta de pérdidas y ganancias, desde la cual ordenó pagos por valor de 4.060.702 euros para reducir deudas de clientes sin el conocimiento de la entidad bancaria.
La irregularidad fue detectada a raíz de una carta remitida por el cliente Philip Morris Limited en diciembre de 2017, informando del impago de un deudor tras entrar en concurso de acreedores. Ante la petición de explicaciones por parte de sus superiores, la acusada presuntamente manipuló y redactó mensajes informáticos falsos para aparentar que la entidad HSBC prestaba una garantía de 50 millones de libras que, en realidad, nunca existió. Estas maniobras de ocultación permitieron que el banco renovara líneas de riesgo basadas en información inexistente, lo que finalmente derivó en un perjuicio total cuantificado en 44.260.702,34 euros.
Por estos hechos, el Ministerio Público califica la conducta como un delito de administración desleal, por el que pide cuatro años de cárcel, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por el que solicita otros tres años de prisión. Además de las penas privativas de libertad y las multas correspondientes, la Fiscalía reclama que la acusada indemnice a BBVA con el importe total del perjuicio causado, ascendente a más de 44 millones de euros, además de los intereses legales y las costas del proceso judicial.
