La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto para la creación de las nuevas plazas de jueces previstas para 2026 al considerar que tiene «importantes carencias: número insuficiente para cubrir la carga de trabajo, sin memoria económica suficiente o previsión presupuestaria detallada; y sin garantías de que se acceda a ellas por oposición libre, conforme a los principios de mérito y capacidad».
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno del contenido del informe remitido ayer al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El texto concluye que este proyecto presenta «importantes carencias técnicas, organizativas y presupuestarias que pueden comprometer gravemente su eficacia real y su adecuación a las necesidades reales de la Justicia madrileña».
En primer lugar, el número de plazas asignadas a la Comunidad de Madrid «al no ajustarse a la carga real de trabajo que soportan actualmente los órganos judiciales de la región. Además, el texto propuesto por el Gobierno central no incluye una referencia expresa al sistema de provisión de las plazas creadas, dejando sin concretar un aspecto esencial para garantizar la independencia judicial y reforzar la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia».
Por este motivo, el Ejecutivo autonómico considera «imprescindible» que el Real Decreto establezca «de forma clara que el acceso se realizará exclusivamente mediante oposición libre, conforme a los principios constitucionales de mérito y capacidad». Por último, «también carece de una memoria económica suficiente y de una previsión presupuestaria detallada y verificable que asegure la financiación real de las nuevas dotaciones, así como de los costes asociados a su puesta en funcionamiento».
Por todo ello, el Ejecutivo autonómico solicita al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes una modificación sustancial del proyecto de Real Decreto que «contemple un mayor número de plazas asignadas a la Comunidad de Madrid, garantice el acceso mediante una oposición libre basada en mérito y capacidad, y cuente con una memoria económica completa que permita asegurar un despliegue real, eficaz y ajustado a las necesidades del sistema judicial».
