El Hospital Universitario de La Princesa vuelve a ser el epicentro de la protesta sanitaria en la capital. Bajo el lema «Defendamos la calidad asistencial», asociaciones vecinales, sindicatos y trabajadores del centro han convocado una concentración para este martes, 3 de febrero, a las 12:00 horas en la intersección de las calles Maldonado y Conde de Peñalver. El objetivo es denunciar el estado de las Urgencias y exigir la ejecución de las obras de renovación que, según los convocantes, fueron presupuestadas en 2022 y posteriormente descartadas por el Gobierno regional.
Infraestructuras obsoletas y falta de suministros
Los profesionales del centro alertan de una situación de «precarización» extrema en el Servicio de Urgencias. Según el manifiesto de la convocatoria, la Comunidad de Madrid ha sustituido el plan de reforma integral por una partida mínima destinada únicamente a mejorar las salas de espera. Los trabajadores califican de «indignante» esta decisión, que contrasta con el pago extraordinario de casi 500 millones de euros aprobado recientemente para hospitales de gestión privada.
Entre las deficiencias más graves detalladas por el personal sanitario se encuentran:
Fallo de suministros básicos: Denuncian la ausencia de agua caliente en los boxes de atención, teniendo que recurrir a palanganas llenas desde un único grifo en zonas de limpieza.
Climatización y lencería: Describen un sistema de calefacción anticuado que obliga a los pacientes a usar sus propios abrigos o ventiladores traídos de casa. Además, denuncian el «abastecimiento precario» de sábanas, almohadas y mantas por parte de la empresa externa responsable del servicio.
Espacios insuficientes: El servicio cuenta con solo 13 boxes de medicina para una demanda que obliga a «doblar» pacientes en los mismos espacios o a ubicarlos en los pasillos, llegando a realizar tres o cuatro traslados de ubicación por paciente en un solo turno.
Riesgos para la seguridad del paciente
La falta de un circuito específico para pacientes con patologías respiratorias tras la pandemia de COVID-19 es otra de las grandes preocupaciones. El personal advierte que, en una misma área, conviven pacientes oncohematológicos e inmunodeprimidos con otros que presentan infecciones respiratorias contagiosas, lo que pone en riesgo la seguridad clínica.
A esto se suma el estado del material electromédico y el mobiliario: «Las camillas están viejas, la mayoría no frenan correctamente o no les funcionan las barandillas, lo que provoca situaciones de peligro para los pacientes y lesiones físicas en los trabajadores», aseguran desde la plataforma convocante.
Denuncia de la gestión externalizada
El manifiesto pone el foco en la privatización de servicios como la limpieza, la lencería y el mantenimiento. Denuncian que la falta de personal en estas áreas externalizadas —con solo dos operarios de limpieza para todo el hospital durante la noche— impide mantener el servicio en condiciones óptimas. Asimismo, critican que las averías técnicas que ocurren en fin de semana no pueden repararse hasta el lunes debido a la falta de cobertura de las empresas de mantenimiento.
Reivindicaciones y próximos pasos
Además de la reforma integral de las Urgencias, los convocantes exigen la vuelta a la jornada de 35 horas semanales y la derogación de la Ley 15/1997, que permite la gestión privada de centros públicos. Los organizadores sospechan que existe un plan «sigiloso» para degradar el hospital y transformarlo en un centro geriátrico, algo que ya se intentó frenar en las movilizaciones de 2012.
