La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de un anteproyecto de ley destinado a incrementar la oferta de vivienda protegida que incluye una modificación técnica en la Ley de Vías Pecuarias. Esta reforma ha generado una reacción inmediata por parte de la Plataforma Stop Fórmula 1 Madrid, que advierte de un posible debilitamiento en la seguridad jurídica y la protección territorial de estos caminos históricos de dominio público.
El núcleo de la controversia reside en un cambio de terminología dentro de la normativa. Mientras que el texto vigente desde 1998 obliga a que los planes urbanísticos califiquen las vías pecuarias como suelo no urbanizable protegido, la nueva redacción propone que estos instrumentos simplemente contemplen dicha clasificación. Según las organizaciones civiles involucradas, esta sustitución verbal introduce una ambigüedad jurídica que podría dificultar la fiscalización de proyectos sobre estos terrenos.
La plataforma vincula directamente este cambio legal con la situación administrativa del futuro circuito de Fórmula 1 en el recinto de IFEMA. Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tramita un recurso sobre el Plan Especial que permite el trazado del circuito, el cual se ve afectado por la presencia de la Vereda de los Leñeros y la Vereda del Quinto. La interpretación de la clase de suelo sobre la que se asientan estas veredas es uno de los puntos clave en la disputa judicial.
Para los colectivos críticos, la flexibilización de la norma busca reducir la exposición a posibles sentencias desfavorables que pudieran anular proyectos urbanísticos específicos si se considera que la protección de las vías pecuarias ha sido eludida. La preocupación se extiende a la totalidad de la red madrileña, que abarca más de 4.000 kilómetros de trazado con funciones de corredor ecológico y uso recreativo, además de su origen ganadero tradicional.
Por su parte, la administración regional enmarca estos cambios dentro de un paquete de medidas urgentes para agilizar el urbanismo y la vivienda en la región. El debate permanece abierto mientras el anteproyecto sigue su curso, enfrentando dos visiones contrapuestas: la necesidad de agilizar proyectos de interés económico y la preservación estricta de los bienes demaniales bajo el marco legal actual.
