La Policía Nacional ha detenido a dos varones y a dos mujeres como presuntos responsables de delitos de falsedad documental, administración desleal y fraude contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Las averiguaciones policiales han esclarecido que uno de los detenidos, aprovechando su actividad profesional como gestor de una peluquería situada en el distrito madrileño de Centro, dio de alta en la Seguridad Social a ciudadanos de manera fraudulenta.
El citado gestor llevó a cabo estas altas sin que estos ciudadanos efectuasen actividad laboral alguna y sin el conocimiento de la responsable del negocio. Asimismo, los trabajadores ficticios aprovecharon el tiempo cotizado para cobrar una prestación por desempleo, llegando a defraudar más de 24.000 euros.
Entre 300 y 500 euros por cada alta
La investigación se inició en septiembre de 2025, a raíz de una inspección realizada en una peluquería por parte de los investigadores. La titular de la misma manifestó a los agentes que la Tesorería General de la Seguridad Social le reclamaba varias deudas, desconociendo el motivo de las mismas y aseverando que no había contraído tales deudas.
Tras diversas gestiones de investigación, los policías tuvieron conocimiento de que el negocio contaba con un gestor -uno de los detenidos en esta operación- que, sin llevar a cabo actividad laboral alguna, dio de alta en la Seguridad Social a ciudadanos a cambio de unas contraprestaciones que oscilaban entre los 300 y los 500 euros.
Las pesquisas revelaron, asimismo, que los trabajadores ficticios habían cobrado prestaciones por desempleo de manera fraudulenta, aprovechando los periodos de cotización en la empresa investigada, por una cuantía global de más de 24.000 euros.
Detenciones en diciembre y enero
Por todo ello, la Policía Nacional ha procedido a la detención del gestor y de tres trabajadores ficticios, en fechas 1, 10 y 15 de diciembre de 2025 y 9 de enero de 2026, como presuntos responsables de delitos de falsedad documental, administración desleal y fraude contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.
