A dos meses de la entrada en vigor de las nuevas restricciones de circulación en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid, la entidad especializada en la defensa de los conductores Dvuelta ha emitido un comunicado alertando sobre el «impacto social y económico» de la normativa, cuyo coste de sustitución vehicular podría ascender a miles de millones de euros.
Dvuelta ha solicitado al Ayuntamiento la suspensión inmediata de la aplicación de la norma, argumentando «prudencia, lógica jurídica y sentido común», al menos hasta que el Tribunal Supremo (TS) resuelva de manera definitiva sobre la legalidad de la ordenanza. La entidad recuerda que la regulación ya fue anulada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en septiembre de 2024 (Sentencia 8893/2024).
Coste económico y vehículos afectados
Según los cálculos de Dvuelta, la restricción afectará a más de 300.000 vehículos de uso diario, cifra que representa más del 15% del parque motorizado censado en Madrid, según datos de la DGT. La entidad estima que el coste total para las familias, trabajadores autónomos y pymes afectadas por la sustitución de estos vehículos oscilará entre 6.000 y 9.000 millones de euros.
Sustituir un vehículo que no cumple con las condiciones de la Ordenanza que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 implica hoy una inversión de entre 20.000 y 30.000 euros –en una estimación muy prudente–, cifra que excede la capacidad económica de la mayoría de los ciudadanos afectados. “Se está imponiendo a decenas de miles de madrileños un gasto forzoso que no responde ni a la realidad medioambiental ni a la situación económica actual”, señala Pedro Javaloyes, portavoz de Dvuelta.
Dvuelta cuestiona los argumentos medioambientales, señalando que la calidad del aire no parece ser la razón principal para prohibir el uso de vehículos legalmente habilitados para circular, al corriente del pago del Impuesto de Vehículos a Tracción Mecánica (IVTM) y con ITV en vigor.
Castigo a los ciudadanos con menos recursos
La entidad subraya que las restricciones de las ZBE constituyen un “castigo económico para los que menos tienen”. Los conductores más perjudicados son, a su juicio, aquellos con menos recursos: familias que conservan vehículos antiguos, autónomos y pequeñas empresas cuya actividad depende de flotas que no cumplen con la nueva normativa.
Pedro Javaloyes declaró: “La contaminación no es patrimonio de los pobres, pero las restricciones sí lo son”. Además, criticó la falta de alternativas: “El Ayuntamiento está condenando a miles de madrileños a renunciar a su movilidad sin ofrecer una alternativa realista. No hay transporte público adaptado a las necesidades de quienes trabajan en polígonos, hacen turnos o necesitan desplazarse con herramientas o mercancía. Tampoco hay ayudas suficientes para renovar los vehículos”.
Dvuelta añade que no se está considerando la huella ecológica del achatarramiento de un vehículo operativo ni la de la fabricación del vehículo sustituto, cuyo balance medioambiental global podría ser más desfavorable.
Marco jurídico en cuestión y recaudación por multas
La entidad hace hincapié en el marco jurídico «en cuestión» que rodea a las ZBE de Madrid. Recuerda que la ordenanza fue anulada en primera instancia por el TSJM y que el litigio se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Supremo tras el recurso de casación del consistorio.
“Resulta incomprensible que el Ayuntamiento se mantenga firme en poner en marcha una medida de este calado cuando ya ha habido un pronunciamiento judicial que declara que la norma es ilegal”, explica Javaloyes. “Lo prudente y coherente sería suspender la entrada en vigor hasta que haya una sentencia firme.”
Dvuelta sostiene que la recaudación por multas —que asciende a más de la mitad de los 230 millones de euros que recauda Madrid por multas de circulación— y no la calidad del aire, es la «verdadera motivación» del Ayuntamiento. Jurídicamente, la entidad defiende que el principio de seguridad jurídica exige que no se limite el derecho a circular mientras la norma está siendo cuestionada en los tribunales.
Impacto social y desigualdad territorial
La aplicación de las ZBE afectará especialmente a los distritos periféricos y a las poblaciones con menor renta media, donde se concentra un elevado número de vehículos antiguos. Dvuelta estima que en zonas como Carabanchel, Villaverde o Vallecas, más del 35% de los hogares utilizan a diario un vehículo que será vetado.
La consecuencia, según la entidad, será una brecha de movilidad entre los barrios con más recursos, que pueden permitirse coches nuevos, y los barrios obreros. Este desequilibrio no solo implica una pérdida de libertad, sino también una traba laboral para miles de trabajadores que verán restringido el acceso a su lugar de trabajo.
El portavoz Javaloyes insistió: “Una furgoneta diésel que hoy funciona perfectamente no dejará de ser útil el 1 de enero: simplemente dejará de poder circular. No hay nada sostenible en obligar a destruir un vehículo operativo cuando el problema real está en la falta de planificación y en la obsesión regulatoria del poder político”.
Propuesta de Dvuelta para una transición responsable
Si bien Dvuelta no niega la importancia de reducir emisiones, subraya que las políticas deben ser «realistas, graduales y proporcionadas». Bajo el argumento de que «no se puede construir una movilidad sostenible sobre la ruina de las familias», la entidad plantea una serie de medidas concretas, además de la solicitada prórroga:
- Suspender la aplicación de las ZBE hasta la resolución definitiva del Tribunal Supremo sobre la legalidad de la norma.
- Establecer un calendario progresivo de aplicación que permita a ciudadanos y empresas planificar la sustitución vehicular en un plazo razonable.
- Implantar un plan de ayudas directas y reales para la renovación del parque, dirigidas específicamente a familias con menor renta, autónomos y pymes.
- Reconocer la vigencia de los vehículos bien mantenidos, mediante un sistema de verificación técnica y medioambiental que determine su nivel real de emisiones.
- Mejorar las alternativas de transporte público y aparcamiento disuasorio.
- Impulsar medidas de eficiencia y movilidad compartida, como incentivos al carsharing, transporte colectivo y vehículos eléctricos de uso conjunto.
- Garantizar transparencia en los datos medioambientales para que la ciudadanía pueda fiscalizar la eficacia de las medidas adoptadas.
