La Comunidad de Madrid insta al Gobierno de España a que cumpla sus competencias y le ha solicitado la reagrupación familiar de los menores inmigrantes no acompañados que presenten dificultades de adaptación «para salvar su protección». Así lo ha anunciado hoy el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Conforme a lo que dispone la legislación de extranjería, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha comenzado a enviar a la Delegación del Gobierno en Madrid expedientes de menores inmigrantes no acompañados «que presentan graves dificultades de adaptación y que podrían ser susceptibles de esta medida siempre y cuando el interés superior del menor lo aconseje».
Hasta el momento, la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia ha remitido a Delegación en las últimas semanas cuatro expedientes de menores con estos perfiles que permanecen en centros de la Comunidad de Madrid. Además, este órgano colegiado continuará valorando todos aquellos casos que presenten imposibilidad real de integración.
En este sentido, ha iniciado el estudio de los expedientes de los menores involucrados en los incidentes del Centro de La Cantueña del lunes pasado para proponer su reagrupación familiar, en los casos en los que sus circunstancias así lo aconsejen y lo permitan.
«Para el Gobierno regional, el bienestar del menor debe ser siempre la prioridad», inciden. Por eso, esta medida «se adopta para evitar que sigan siendo blanco fácil de las mafias de tráfico de personas y del consumo de drogas. Además, resulta imprescindible proteger a la mayoría de los menores, que sí desean integrarse y que están siguiendo su proyecto educativo de manera ejemplar».
«Cada caso es valorado de forma pormenorizada en este órgano colegiado, formado por profesionales de la protección a los menores, que remiten los casos a la Delegación del Gobierno cuando se constata que llegan a España sin margen ni tiempo para abordar una intervención educativa eficaz para la atención de sus necesidades», han expuesto desde el Gobierno de Ayuso.
Por ello, y en virtud de lo contemplado en el Real Decreto 557/2011 y en los mismos términos en el Real Decreto 1155/2024, aprobado por el Gobierno de España hace menos de un año, y que entrará en vigor el próximo 20 de mayo, la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia «decide que en estos casos la mejor opción para su desarrollo es el regreso a su entorno familiar».
Para el Ejecutivo regional, «es imprescindible que el Gobierno central cumpla con sus competencias, que, como ha remarcado recientemente el Tribunal Constitucional, son irrenunciables, y actúe en los países de origen, solicitando a las representaciones diplomáticas de estos países los informes sobre las circunstancias personales de los menores, como exige, con carácter imperativo el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social».
Asimismo, «es urgente la necesidad de que se despliegue una política exterior eficaz en materia de protección de menores, ya que la respuesta no puede limitarse a la acogida indiscriminada sin mecanismos adecuados para gestionar estos casos específicos».
RECURSO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha interpuesto hoy el recurso ante el Tribunal Constitucional por la decisión del Gobierno central de modificar la Ley de Extranjería sobre los criterios de reparto de menores extranjeros no acompañados. En concreto, se ha recurrido el Real Decreto ley 2/2025 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo.
Según el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ese Real Decreto ley «infringe varios preceptos de la Carta Magna de 1978 y es inconstitucional al invadir las competencias exclusivas del Gobierno regional, ya que la recepción y acogimiento inicial de un extranjero menor de edad corresponde a las comunidades autónomas que las tengan asumidas estatutariamente en materia de protección y tutela de menores». También considera, entre otros, que «se vulneran sus derechos fundamentales, desplazándolos por cuotas subjetivas y sin priorizar la garantía de su asistencia».
