La Comunidad de Madrid ha pedido al Gobierno de España que elimine la totalidad del IVA a los alimentos básicos adquiridos con las tarjetas monedero para personas vulnerables, tras decaer el pasado 31 de diciembre la reducción temporal de este impuesto de los productos básicos.
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha enviado una carta a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, donde muestra su «preocupación por la situación que padecen miles de ciudadanos, tras incrementarse el precio de la cesta de la compra un 30% desde 2021, cuando fue diseñado este sistema de tarjetas para la adquisición de estos artículos de primera necesidad».
Dávila ha visitado hoy las nuevas instalaciones de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, donde ha reiterado esta petición de IVA cero, que “aliviaría enormemente a las familias vulnerables, permitiendo que los recursos se destinen a lo esencial, y no a que el Gobierno se enriquezca de forma injusta”.
La consejera ha recordado que “desde que asumió el Gobierno Pedro Sánchez, la pobreza con carencia material severa ha casi duplicado su tasa en España, pasando del 4,7% al 8,9% según el INE, un dato alarmante que representa el peor registro en 20 años y un nuevo récord histórico”. Durante la visita, Dávila ha destacado el trabajo de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, que “lleva más de 30 años ayudando a miles de ciudadanos en situación de pobreza y que, sólo el año pasado, distribuyó más de 17 millones de kilos de comida”.
El sistema de tarjetas monedero diseñado por el Gobierno central «deja fuera a miles de personas sin acceso a productos básicos, ya que solo ofrece cobertura a quienes tienen menores a su cargo». «Solo en Madrid, se estima que se quedan fuera del programa por este motivo unas 100.000», critica.
Por ello, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha introducido una línea específica en las ayudas anuales del IRPF de 7 millones de euros para que las entidades sociales dedicadas al reparto de comida, como la Fundación Banco de Alimentos, puedan seguir operando y ayudando a personas vulnerables que se quedan fueran del sistema estatal.
