La Comunidad de Madrid ha exigido al Gobierno central anular la resolución que inicia el expediente para declarar la Real Casa de Correos, en la céntrica Puerta del Sol, como Lugar de Memoria Democrática, dado que en su seno se llevaron a cabo numerosos casos de torturas contra detenidos por motivos políticos e ideológicos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy un acuerdo para dejar sin efecto el procedimiento comenzado desde la Administración del Estado este pasado octubre. El Ejecutivo regional argumenta que esta decisión «implica la invasión de competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid».
En concreto, «en materias de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés; vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones; desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución de bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid; y sus facultades como poder público en defensa de la libertad, justicia y la igualdad de los ciudadanos».
Este requerimiento es el paso necesario y previo al envío de este asunto al Tribunal Constitucional al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, de dicho órgano jurisdiccional.
Este edificio en la Puerta del Sol, con más de 250 años de historia, tiene la máxima protección como Bien de Interés Cultural. Durante ese periodo ha albergado, entre otras instituciones, la Capitanía General, el Gobierno Militar y el Ministerio de Gobernación. Desde 1985 es sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
La Dirección General de Atención y Promoción de la Memoria Democrática, dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, aprobó el 16 de octubre de 2024 una resolución para iniciar este procedimiento administrativo. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local presentó el mes pasado un escrito de alegaciones contra esta decisión unilateral. En él también denuncia que el Estado «ha actuado con total falta de lealtad institucional».
