Las Juventudes Socialistas de la Comunidad de Madrid (JSM) ha lanzado la campaña Es nuestro momento exigiendo a las instituciones madrileñas que implementen políticas efectivas en materia de vivienda y reivindica la lucha antirracista.
La organización juvenil se ha reunido este fin de semana en Alcorcón, donde se ha evaluado su acción en el último año y han abordado su hoja de ruta para el próximo curso político. Las Juventudes Socialistas de Madrid lanzan su campaña Es nuestro momento, paraguas bajo el que invitan a la juventud a «implicarse en política para no solo dar altavoz a las problemáticas, sino también conseguir respuestas y soluciones».
Dentro de este marco, la organización juvenil reclama «políticas efectivas para la juventud», en un contexto en el que, tal y como denunció la secretaria general de JSM, Aránzazu Figueroa, el pasado fin de semana, “la situación de las personas jóvenes en la Comunidad de Madrid no es que sea difícil, es que es imposible”.
Reunidas en su Comité Regional, JSM criticó la inactividad de la Comunidad de Madrid en materia de vivienda. Denunció los “retrasos en los pagos del Bono Alquiler Joven” y el “crecimiento descontrolado de los pisos turísticos” que, aseguran, “ha provocado una distorsión del mercado, haciendo inaccesible la vivienda para muchos ciudadanos y fomentando la especulación inmobiliaria”.
Por ello, la organización propone a las autoridades que aprueben una ayuda complementaria al Bono Alquiler Joven de 250 euros, lo cual supondría una adaptación “a la realidad del mercado del alquiler en Madrid”. Sobre la proliferación de las viviendas de uso turístico, piden el establecimiento de “sanciones efectivas contra el uso ilegal de viviendas para alquiler turístico sin licencia o que no cumplan con la normativa, asegurando que estas sanciones sean lo suficientemente disuasorias para reducir la oferta ilegal de pisos turísticos”.
Entre las medidas propuestas por JSM se incluyen «el fomento de una educación antirracista, rechazando así toda forma de discriminación ya sea colectiva o individual y exigiendo la prohibición de prácticas racistas como el perfilamiento racial en paradas y redadas policiales».
Se denunció la «situación crítica» de la educación en la Comunidad de Madrid, con una «infrafinanciación de sus universidades públicas, que se consolidará con la nueva ley; la falta de plazas públicas en Formación Profesional o las condiciones laborales del profesorado».
Respecto a la participación juvenil, se criticaron cuestiones como «la falta de compromiso con el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al que quieren dejar sin financiación, o el impacto de la desinformación, los bulos y fake news».
