Algo más de 30.000 estudiantes inician el curso en los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) sin que esté en vigor la imprescindible nueva orden que regule estas enseñanzas. El borrador de Orden se valoró en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid el pasado mes de abril. «A pesar de la insistencia de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid y de los equipos directivos, la orden no se ha publicado», inciden.
“Para que fuera posible iniciar el curso, la Dirección General se ha limitado a enviar un borrador de orden para que se tenga como referencia”, denuncia Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid. “Con todo ello, se inicia el curso con una situación de absoluto vacío legal que genera inseguridad jurídica a equipos directivos, equipos docentes y al alumnado. Esta situación, condiciona el normal funcionamiento de los centros”, añade.
De hecho, CCOO constata que «ni siquiera se ha adaptado la plataforma informática Raíces a los cambios que conlleva esta nueva regulación, por lo que no se pueden grabar correctamente las enseñanzas que se imparten, académicas o aplicadas. A esto hay que añadir que no está actualizado el sistema de convalidaciones de los estudiantes matriculados en estos centros».
“En esta situación de inexistencia de regulación, los centros dependen del criterio de la inspectora o inspector que atiende el centro, algo que promueve la desigualdad entre alumnado y profesorado, ya que podrán recibir instrucciones distintas según el centro donde estudien o desempeñen la labor docente. La situación se expresa en el desastre de funcionamiento de la Consejería de Educación, así como la falta absoluta de planificación”, valora Galvín.
Las plantillas de los centros: nuevo curso, mismos problemas y déficit
Algo más de 1.100 profesores, muchos con contratos de jornada parcial, ejercen su docencia en estos centros, los cuales se sufren los mismos déficits que en el resto de enseñanzas de la educación pública madrileña: “exceso de horario lectivo, altos ratios, falta de profesionales de atención a la diversidad, mucha burocracia y bajos salarios” señala Galvín.
Pero, además, CCOO denuncia «déficit y discriminaciones específicas que sufren los profesionales que trabajan en estos centros». Así, el profesorado que «realiza la imprescindible función tutorial en las enseñanzas a distancia, no ve retribuido su trabajo». CCOO también señala que los equipos directivos de estos centros «injustificadamente no están equiparados con los directores o directoras que ejercen su función directiva en los demás centros públicos que ofertan las mismas enseñanzas, pero para alumnado de menos edad». Para CCOO «es urgente que se corrijan estas discriminaciones».
Por otra parte, CCOO se hace eco de las peticiones que llegan desde los centros a través de los delegados y delegadas. Por ello, CCOO exige que «las jubilaciones del profesorado del cuerpo de maestros se cubran, y en particular la especialidad de primaria, con profesorado del mismo cuerpo y especialidad, ya que ahora no se cubren». “En la práctica, estamos en un proceso de amortización de plazas, por lo que se está produciendo una pérdida de empleo del cuerpo de maestros. Esto es la expresión de la decisión política de la Consejería de recortar los programas de alfabetización de personas adultas o de español como lengua extranjera tan necesarios” señala Isabel Galvín.
Además, en estos centros, CCOO ha recogido la demanda de que «se aumente la presencia de orientadores y orientadoras». En la actualidad, una mayoría están asignados con medias jornadas y muchos comparten centros. “Estos centros necesitan un orientador o una orientadora a tiempo total. En ellos estudian personas adultas con muchas necesidades en el terreno de la salud mental, la orientación laboral o el apoyo en situaciones personales diversas y complejas. La situación que se vive es un reflejo de nuestra sociedad en este momento. Son problemas sociales que, cuando llegan a un centro donde se estudia, se convierten en educativos. Hay que abordarlos desde la perspectiva educativa. Para ello está la figura de los orientadores” enfatiza Galvín.
Por otra parte, CCOO recoge la demanda de los equipos directivos sobre generalizar al personal administrativo para las muchas tareas administrativas que requiere la gestión de estos centros.
Unas enseñanzas esenciales relegadas en Madrid
En definitiva, CCOO denuncia que, «un año más, el curso empieza con promesas incumplidas. No ha llegado la tan prometida FP básica adaptada, ni las nuevas ofertas formativas tan necesarias ni la acreditación de competencias profesionales en estos centros».
«Tampoco se avanza en abordar problemas de fondo. Así, la gestión compartida entre entidades municipales y Consejería de Educación dificulta aún más el funcionamiento de estos centros, porque, ante cualquier necesidad, ambas administraciones se culpan mutuamente y no resuelven. Esta falta de coordinación se plasma particularmente en la insuficiencia de instalaciones en muchas sedes de la red pública y en la situación en la que se encuentran muchos edificios que alojan estos centros», subraya el sindicato.
“Claramente, unos centros que son escuelas de segunda oportunidad y garantía del derecho a la educación a lo largo de la vida son relegados por el Gobierno de Ayuso. Se discrimina a las personas adultas, que tanto necesitan de las enseñanzas que se estudian en estos centros, para poder ampliar y mejorar sus oportunidades de trabajo y de vida. Es un disparate. Y vamos a seguir exigiendo el refuerzo y el apoyo a estos centros y a sus profesionales hasta que esta situación cambie. El próximo Presupuesto 2025 es una oportunidad para corregir las actuales carencias: en Madrid, como en las demás comunidades, un programa de gasto específico y formular objetivos referidos, no sólo al número de centros, sino al del alumnado, profesorado, gastos de funcionamiento, inversiones y becas o ayudas específicas de estas enseñanzas para Personas Adultas” concluye Galvín.
