La Comunidad de Madrid ha beneficiado a 12 pymes industriales de la región a través de la primera convocatoria de una nueva línea de ayudas, dotada con 2 millones de euros, dirigidas a las medianas empresas del sector para la adquisición de medios productivos para incrementar su productividad y competitividad. El Ejecutivo madrileño ha agotado todo el presupuesto en apenas un mes desde que se abrió el plazo de inscripción hace tres meses.
Así lo ha destacado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, durante su visita a Innovaciones Imabe, compañía que ofrece soluciones en materia de reciclaje y tratamiento de residuos, y que ha obtenido ayudas por más de 250.000 euros.
A estas subvenciones, de hasta 300.000 euros, han podido optar los negocios con una plantilla entre 50 y 1.000 trabajadores, y con ellos han podido sufragar los costes derivados de la compra de locales y naves de uso propio, terrenos para la construcción, maquinaria y equipo productivo, así como hardware y software para el desarrollo de los procesos.
Las subvenciones han sido del 60% de los gastos, alcanzando el 75% cuando la inversión se ha aplicado en centros de trabajo ubicados en municipios de menos de 2.500 habitantes. Las adquisiciones realizadas con ellas han de haberse llevado a cabo en 2023 y la inversión inducida conseguida se estima en 8,5 millones de euros.
Albert ha destacado que “la industria es uno de nuestros sectores prioritarios, y la estamos apoyando con distintas líneas, como la de digitalización para pymes, dotada con 9,5 millones sólo este año y que ya se ha agotado. De ella se van a beneficiar más de un centenar de empresas y se va a generar una inversión inducida de más de 40 millones de euros”. Además, ha recordado que “el Plan Industrial 2020/25 ha alcanzado hasta ahora un grado de ejecución del 78%, con más de 400 millones de euros”.
La responsable del área económica del Gobierno regional también ha criticado el Anteproyecto de Ley de Industria del Gobierno central “que ha sido desarrollado a espaldas de las Administraciones regionales a las que ha concedido un periodo de tiempo muy corto para presentar alegaciones”. En este sentido ha señalado que “no recoge ni una sola medida para aliviar la presión fiscal del tejido productivo, y fija medidas intervencionistas, entre otras”.
