Las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) han convocado dos jornadas de huelga de profesorado previstas para los días 8 y 21 de mayo para reclamar un nuevo Acuerdo Sectorial que incluya la reducción de horas lectivas.
La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid ha publicado la orden que fija los servicios mínimos para las dos jornadas de huelga en la educación pública madrileña, para los días 8 y 21 de mayo, que los sindicatos han tildado de «abusivos» y «desproporcionados». La orden publicada establece como servicios mínimos, entre otros:
- Dos miembros del equipo directivo.
- 1 docente por cada 50 alumnos y alumnas o fracción en centros con segundo ciclo de Infantil y Primaria.
- 1 docente por cada 90 alumnos y alumnas o fracción en centros de Secundaria.
- 1 docente por cada 25 alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales.
CCOO no firmó el acta de la reunión en la que se establecieron los servicios mínimos porque «la Consejería no dio lugar a ninguna negociación y los impuso de forma unilateral». El equipo jurídico de CCOO estudia la interposición de recurso al considerar que estos servicios mínimos «vulneran el derecho a huelga del profesorado».
Una propuesta «abusiva y desproporcionada»
Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid, ha declarado que «estos servicios mínimos implican que un día de huelga habrá más docentes en los centros que, por ejemplo, en un día de inicio de curso, cuando la Consejería se retrasa semanas a la hora de contratar al personal interino necesario».
Con esta medida «se vuelven a atacar directamente los derechos del personal docente. Una vez más la Consejería de Educación atenta directamente contra los derechos del personal docente que busca mejorar las condiciones de la educación pública que sufre cada día los ataques del gobierno regional», ha señalado Galvín.
CCOO llama a la movilización del profesorado para participar en las huelgas del 8 y 21 de mayo. «Es la única manera de defender nuestros derechos y de exigir unas condiciones dignas para la educación pública», ha concluido Galvín.
