La madrileña Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), en un comunicado, ha denunciado el anuncio hecho este martes por el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) de acciones legales en defensa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, involucrado en un supuesto fraude a Hacienda y falsedad documental.
«La declaración institucional y el despliegue de medios técnicos y humanos de la Junta de Gobierno del ICAM por un asunto concerniente a un colegiado, que según ha reconocido el propio ICAM no ha pedido expresamente su intervención, no tiene precedentes», han señalado.
«Ahora bien, es evidente que la sobreactuación de la Junta de Gobierno, y en especial de su decano, no obedece a la necesidad de defender intereses profesionales colectivos, sino a la defensa de intereses políticos y personales en un asunto muy concreto, lo que genera una situación totalmente discriminatoria para la abogacía mayoritaria, que ve cómo su representante se pasea por las televisiones anunciando amparos VIP mientras guarda en un cajón peticiones de amparo por perturbaciones diarias en su ejercicio profesional», han indicado desde la Asociación.
Recientemente el Defensor del Pueblo ha abierto expediente al ICAM por la queja interpuesta por esta asociación ante la falta de neutralidad institucional en la emisión de pronunciamientos políticos ajenos a la defensa de intereses profesionales de su Junta de Gobierno. «Por tanto, llueve sobre mojado», subrayan.
En este caso, la toma de decisiones de la Junta «va más allá, perjudicando el ejercicio de la profesión de la abogacía en Madrid, al anunciar que el Colegio se desvincula del protocolo de conformidades de ámbito estatal suscrito entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía Española».
Esta «insólita decisión» coloca a la abogacía de Madrid «en una situación de desventaja respecto del resto de abogacía del Estado y genera un grave perjuicio para los justiciables». Desde ALA «defendemos el derecho de defensa y el amparo que pueda necesitar cualquier colegiada/o en situación de indefensión».
«Lo que es inadmisible es que, bajo el pretexto de la protección del derecho de defensa, el decano del ICAM utilice nuevamente la institución con fines políticos, despreciando la pluralidad colegial y vulnerando el principio de neutralidad que debe regir su actuación», concluyen.
