FACUA Madrid ha exigido al Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz ayuso, «mayor transparencia» y «facilitar el acceso público» a las actas de las inspecciones de las residencias de mayores de la ciudad tras el incendio del centro concertado con la Comunidad de Madrid Juan XXIII, situado en el barrio de Aravaca, este pasado domingo y que ha provocado el fallecimiento de tres mujeres.
Según recoge el informe de la Policía Municipal de Madrid, el edificio presentaba numerosas deficiencias en prevención de incendios, y todo ello pese a que el centro había pasado sendas inspecciones en abril y agosto. Así, en el documento se señalan los problemas que tuvieron los agentes al acceder a la residencia: la boca de incendios de la primera planta no funcionaba -al carecer el agua de la presión suficiente-, varias puertas de emergencia se encontraban bloqueadas, no existían luces de emergencia y el pulsador de señal de alarma de incendios no emitía ninguna señal acústica o luminosa al ser accionado.
En este sentido, la asociación exige a la Comunidad de Madrid que «dé explicaciones urgentes» sobre el estado en el que se encuentra el edificio, y sobre «cómo es posible que el centro presentara todas esas deficiencias detectadas por la Policía Municipal tras haber pasado varias inspecciones en el año 2023». De igual forma, pide que «se informe de cuándo se tenía previsto realizar una nueva inspección de prevención de incendios de la residencia, habida cuenta de que la última se realizó en agosto del año pasado, hace ya más de 6 meses».
Teniendo en cuenta las numerosas deficiencias que presentaba el inmueble donde ha ocurrido este fatal suceso, FACUA Madrid insta a la Comunidad de Madrid a que «evalúe de manera inmediata todas las residencias de mayores para prevenir posibles accidentes, y corrobore que todas ellas cumplen la normativa vigente en materia de seguridad y prevención de incendios».
Competencia de la Comunidad de Madrid
El Plan de Calidad e Inspección de los Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid para el periodo 2023-2024 refleja que es competencia del organismo que preside Isabel Díaz Ayuso “garantizar un trato digno y la prestación de una atención de calidad, individualizada e integral, a las personas usuarias de los centros y servicios de acción social”, así como “controlar el cumplimiento de las condiciones mínimas exigidas para el funcionamiento y la calidad de la atención de los centros y servicios de acción social”.
Por ello, FACUA Madrid exige a la Comunidad de Madrid que, «en aras de la transparencia, se hagan públicas las actas de las inspecciones realizadas en las residencias de mayores y que se depuren responsabilidades por los hechos acontecidos en caso de que no se hayan cumplido los protocolos de seguridad establecidos».
