El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido replegar el sistema bilingüe (castellano e inglés) de sus sistema educativo, pasando a impartir las asignaturas de Ciencias Sociales de Primaria, Geografía e Historia de Secundaria e Historia de España y del Mundo Contemporáneo de Bachillerato tan solo en castellano.
Para el sindicato UGT, esto demuestra «el fracaso de las políticas educativas madrileñas». «Esta medida, que se ha adoptado de manera precipitada sin una evaluación seria y rigurosa del Proyecto Bilingüe, ha generado inquietud e incertidumbre», critican.
La UGT presenta todos los años una propuesta para llevar a cabo una «evaluación rigurosa» del Proyecto Bilingüe con la participación del personal docente y las familias en el Pleno del Consejo Escolar. Sin embargo, «la decisión de implementar el cambio en la enseñanza de Geografía e Historia no parece haber tenido en cuenta los resultados y las implicaciones que podrían surgir de dicha evaluación», denuncian.
Desde la puesta en marcha del Programa Bilingüe, UGT planteó la necesidad de «abrir un debate sobre la mejor forma de llevar a cabo el aprendizaje de lenguas extranjeras en las edades de escolarización obligatoria». El Proyecto se implantó a su juicio «sin unas bases pedagógicas que lo avalaran, y llevamos casi veinte años demandando que se lleve a cabo una evaluación rigurosa con la participación de todos los agentes de la comunidad educativa, especialmente del personal docente».
Ante la «ausencia» de dicha evaluación, desde UGT «realizamos una Encuesta al profesorado sobre el Programa Bilingüe que publicamos hace diez años, donde ya concluíamos que un 77% de los docentes encuestados opina que el actual sistema bilingüe no respeta la igualdad de oportunidades y equidad en el sistema educativo”.
Ahora, la Comunidad de Madrid quiere modificar ese mismo Programa, «cuando ya varios centros educativos han solicitado renunciar al mismo y, de nuevo, sin haber realizado una evaluación seria con la intervención de los agentes que intervienen en la misma, ni un debate sobre los aspectos que deberían rectificarse o no con los expertos: los docentes que tienen que impartirlo, obviamente a través de sus representantes sindicales».
Los cambios que quieren introducir afectan al área de Ciencias Sociales (en Primaria) y Geografía e Historia (en Secundaria y Bachillerato), introduciendo de paso cambios en los currículos de dichas materias en la etapa Secundaria, en la que se incluirían temas sobre terrorismo, libertades, derechos del niño, delitos en redes, autolesión y suicidio o la misión protectora del ejército y la policía.
Temas transversales, según la LOMLOE, que afectarían a todas las materias y que, «a nuestro juicio, se encuentran mejor ubicados en Educación en Valores Cívicos y Éticos”. Ello, «sin duda, amplía el currículo de esta asignatura, ya de por sí sobresaturada de contenidos». Para UGT estas medidas, «solo en las materias ligadas con la Historia y no con otras asignaturas que también se imparten en lengua extranjera, tienen un claro sesgo ideológico, que es en lo que el actual gobierno regional quiere convertir esta asignatura, en un momento en el que parece que lo que interesa es fomentar el nacionalismo a través del español”.
«Es esencial destacar la importancia de analizar los resultados del Proyecto Bilingüe, especialmente en lo que respecta a la segregación del alumnado dentro de los centros y entre los centros, y el desplazamiento de docentes, una medida que tendrá consecuencias en la configuración de las plantillas de los centros. Estos aspectos, que afectan directamente a la calidad de la enseñanza y a los derechos laborales del personal docente, deberían haber sido considerados en Mesa Sectorial con mayor detenimiento antes de tomar una decisión que influirá en el entorno educativo», subrayan desde el sindicato.
Desde la perspectiva de la UGT y otros actores relevantes en la comunidad educativa, «hacemos un llamamiento a la Consejería de Educación para que abran un diálogo significativo con los docentes y demás partes interesadas. La participación activa de todos los implicados en el ámbito educativo es esencial para tomar decisiones acordadas que beneficien a la educación madrileña y a aquellos que la imparten y reciben».
