Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal cuyos integrantes se dedicaban presuntamente a usurpar la identidad de terceras personas -ajenas a la trama- para realizar apuestas en plataformas de juego online, una actividad ilícita que llegaría a reportarles, en solo un año fiscal, 4.000.000 de euros, no abonándose a la Hacienda Pública el tributo correspondiente de las ganancias obtenidas con las apuestas.
Fruto de las averiguaciones, hay seis personas detenidas en Madrid y Logroño por su supuesta responsabilidad en los delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de identidad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, y se han practicado tres registros en los domicilios de los cabecillas de la red, todos ellos en la Comunidad de Madrid. El número de víctimas asciende a 210 personas en todo el territorio nacional, según los datos recabados.
Una primera denuncia interpuesta por una ciudadana en Málaga daba inicio a una compleja investigación, la operación policial denominada “Hill”, llevada a cabo por agentes especializados en la investigación de delitos económicos y de naturaleza patrimonial, adscritos a la Comisaría Provincial de Málaga.
En aquella denuncia inicial, una mujer informaba, a finales del año 2021, que había sido víctima de una estafa, al reclamarle la Agencia Tributaria el pago de 900 euros como impuesto por las ganancias obtenidas en unas apuestas, que ella nunca realizó, en plataformas de juego online.
Desde ese momento, numerosas denuncias fueron recibiéndose en distintas comisarías de todo el país, interpuestas por personas a las cuales la Agencia Tributaria les reclamaba la tributación -un 19 por ciento- de las ganancias obtenidas con ocasión de los premios recibidos en apuestas realizadas en plataformas de juegos en Internet -desde partidos de fútbol hasta carreras de caballos, de ligas nacionales y extranjeras-, en un mismo ejercicio fiscal.
En todos los casos, los denunciantes alegaban no haber participado en este tipo de juegos, pudiendo haber sido suplantadas sus identidades para apostar. En este punto de la investigación, los agentes analizaron la documentación aportada, pudiendo establecer la trazabilidad del dinero procedente de los premios de las apuestas. De esta manera, se localizaba el destino final del pago de los premios -en diferentes cuentas a nombre de los investigados y empresas administradas por los mismos-.
Fruto de la actividad fraudulenta, sólo en un año fiscal, la red obtuvo unas ganancias netas superiores a 4.000.000 de euros, empleando para ocultar dichas ganancias cuatro sociedades pantallas y 776 cuentas bancarias para la canalización del flujo económico derivado de su actividad delictiva, a través de las cuales movían el dinero con el fin de ocultar el rastro final del mismo y dificultar la investigación policial.
El número de afectados asciende a 210 personas, a quienes la Agencia Tributaria les imputaba ganancias en apuestas virtuales, así como la correspondiente sanción por la no tributación de dicho incremento patrimonial. Una vez establecida la trazabilidad del dinero, se logró constatar la estructura organizativa del entramado, identificando a sus miembros y funciones de cada uno de ellos.
En la cúspide de la organización se hallaba un ciudadano español, y la mujer de este, los cuales tenían negocios de peluquería/estética y otros relacionados con el sector inmobiliario. El grueso de los sospechosos serían mulas bancarias, encargándose de abrir cuentas y hacer transferencias de capital entre las mismas.
Paralelamente, se realizaba una minuciosa investigación patrimonial de los sospechosos, constatándose que los dirigentes del grupo criminal realizaban importantes inversiones inmobiliarias y poseían vehículos de alta gama, así como un elevado nivel de vida. Finalmente, se llevó a cabo la fase de explotación operativa de la investigación, procediendo a la detención de seis personas: cuatro en Madrid capital, una en Quijorna (Madrid) y otra en Logroño.
Asimismo, se practicaron tres registros en los domicilios de los principales investigados, lográndose la intervención de numerosos efectos relacionados con los delitos investigados. También se procedió a la intervención, bloqueo y embargo de 31 cuentas bancarias; 21 bienes inmuebles valorados en 3.350.000 euros -precio de mercado-, muchos de ellos en Madrid y la Costa del Sol ; cinco vehículos de alta gama-; entre otros efectos como dispositivos de telefonía e informática, y 9.200 euros en efectivo. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, habiéndose decretado el ingreso en prisión provisional del líder de la red.
