El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid, donde se investiga desde hace más de un año el presunto derribo ilegal de una vivienda del Sector 6 en julio de 2022, ha citado a declarar en calidad de investigado a M. G. P., quien ejercía como Comisionado de la Comunidad de Madrid de la Cañada Real desde julio de 2021.
Dicha citación se lleva a cabo después de que en el mismo procedimiento declarara, también en calidad de investigado, el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, quién autorizó el derribo de la vivienda «sin comprobar si estaba habitada» y quién, en su declaración del pasado 4 de octubre, señaló a M. G. P. como la persona que «le dio la orden de derribar la vivienda y la información falsa de que la misma estaba abandonada». Con esta decisión ya serían dos los altos cargos implicados en el derribo presuntamente ilegal.
La citación como investigado del ex-Comisionado ha sido solicitada tanto por parte de la defensa del vecino afectado como por parte del Ministerio Fiscal personado en la causa, quien apunta que el alto cargo de la Comunidad de Madrid comunicó “de forma arbitraria” a Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid que la vivienda estaba abandonada «sin hacer comprobación alguna ni llevar a cabo la más mínima gestión respecto de sus competencias sobre el terreno, lo que encajaría en la conducta de prevaricación».
Los hechos se remontan a julio de 2022 cuando por parte del Comisionado para la Cañada Real se emitió un escueto informe dirigido a Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid comunicando el abandono de determinadas parcelas de la conocida como “Zona sin Asfaltar” de la Cañada Real, solicitando que se acordara su derribo y su recuperación. Entre esas parcelas estaba la vivienda de un vecino soltero, censado en la casa desde 2006.
Frente al inicio del expediente, este residente había presentado recursos y acompañado documentación acreditativa de ser su residencia habitual desde hacía más de 15 años. Sin embargo, durante el mes de julio y estando el vecino de viaje, su vivienda fue derribada con todos sus enseres dentro, incluido un vehículo en el garaje, «sin que se llevara a cabo ni la más mínima comprobación sobre el estado del inmueble ni de su procedimiento administrativo», señala Carlos Castillo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES y de la familia querellante por el derribo.
Fueron los propios vecinos de la zona los que consiguieron evitar que cesaran los derribos de viviendas, ya que la máquina pretendía derribar al menos un par de parcelas más que también estaban en uso. El Juzgado ha destacado que, dentro de todo el marco de irregularidad que rodea a esta actuación, por parte de las Administraciones ni siquiera se requirió la presencia policial para ejecutar los derribos y que los agentes llegaron a la zona y pudieron comprobar lo que estaba pasando cuando ya se había derribado la vivienda y alertados por la protesta vecinal.
«También llama la atención la celeridad con que actuaron ambas administraciones, ya que entre la solicitud y la orden de derribo apenas distaron 5 días, en lo que parece una actuación claramente coordinada de dos funcionarios actuando al margen del procedimiento legalmente establecido», inciden.
Los vecinos del barrio de Cañada Real «llevan años sufriendo el abandono institucional y el acoso y criminalización constante del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid». Esta situación «no ha hecho más que agravarse bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, en el que se mantiene desde hace más de 3 años a miles de personas sin suministro eléctrico, pese a existir un mandato específico del Consejo de Europa de Estrasburgo, del Defensor del Pueblo y de varios organismos nacionales e internacionales que exige la devolución inmediata de la luz y el cumplimiento de la normativa vigente en relación a los derechos y obligaciones de las vecinas».
En palabras de Carlos Castillo, «estas actuaciones administrativas de la Comunidad de Madrid no tienen otra intención que expulsar a la fuerza a la población de Cañada Real, a la que se considera sobrante a la vista de la expansión los diferentes desarrollos del Sureste. Con esta intención se están llevando a cabo actuaciones fuera del ordenamiento jurídico y que suponen, de forma presunta, la comisión de delitos de prevariación, de acoso inmobiliario y también medioambientales, como este derribo presuntamente ilegal o el vertido de tierras sobre los terrenos aledaños a Valdemingomez».
Esta es la segunda imputación que se conoce de M. G. P. por este tipo de actuaciones administrativas irregulares, en tanto que también está citado a declarar para el próximo mes de marzo por otro derribo en esta ocasión en el Sector IV, perteneciente al municipio de Rivas-Vaciamadrid.
