Más Madrid ha presentado este miércoles una enmienda a la totalidad a la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid. A juicio del grupo madrileño, el proyecto de Isabel Díaz Ayuso «profundiza la desigualdad económica de los madrileños con una fiscalidad hecha a medida de los grandes patrimonios y un gasto en servicios que no está a la altura de la región más rica de España».
De acuerdo con el diputado Alberto Oliver, portavoz de la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid, los presupuestos que proyecta el gobierno “mantienen la desigualdad como forma de gobierno”. De aprobarse el proyecto, el gasto per cápita en servicios «quedaría más de 25 puntos porcentuales por debajo de la media española y Madrid seguirá siendo una de las regiones con menos gasto per cápita en sanidad y educación».
La formación considera que «el bajo nivel de gasto en servicios públicos es una consecuencia directa del modelo fiscal de Ayuso, que perdona impuestos a las rentas y patrimonios más altos a cambio de recortar las inversiones en sanidad y educación». Más Madrid calcula que la Comunidad de Madrid deja de recaudar 6.500 millones de euros cada año entre bajadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y bonificaciones al impuesto de sucesiones y patrimonio.
A pesar de que el Gobierno autonómico «presentó a bombo y platillo unos presupuestos “récord”, el gasto total presupuestado es inferior al ejecutado en 2022 si se descuenta la inflación». Lo mismo sucede con el capítulo de sanidad, que «vuelve a dejar a la Comunidad de Madrid como la última región en financiación per cápita. Sin embargo, aumenta un 24% el gasto proyectado en conciertos con la sanidad privada, hasta 1.200 millones de euros».
En cuanto a servicios sociales, Más Madrid destaca el «presupuesto raquítico que asignan los presupuestos a la Renta Mínima de Inserción: solo 12 millones de euros». Esta prestación tenía presupuestados 167 millones de euros en 2019 y en 2022 ya había quedado mermada a un presupuesto de 40 millones del que solo se ejecutó la mitad. «Este descenso continuo muestra el nulo compromiso del gobierno del Partido Popular con las personas que viven en riesgo de exclusión social».
«Hay que advertir además que suele haber una gran diferencia entre los presupuestos que se aprueban y lo que finalmente ejecuta el Gobierno. Son habituales el aumento de gasto en servicios de la sanidad privado para compensar el déficit de inversión en sanidad pública o la no ejecución de partidas. Solo en el último presupuesto finalizado, de los 680 millones de fondos europeos en vivienda no se ha ejecutado ni un solo euro”, apuntó Oliver en este sentido.
