La Sección Décima del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con fecha del 28 de septiembre de 2023 ha dictado sentencia, tramitada por los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, por la cual se estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Comunidad de Madrid por entender que un paciente falleció «al no ser atendido correctamente y no utilizar los medios necesarios para diagnosticar una infección por COVID-19» y, por lo tanto, reconoce «la pérdida de oportunidad terapéutica para poder haber abordado con mayores garantías su tratamiento».
La indemnización por pérdida de oportunidad ha sido de 10.000 euros, dada la elevada mortalidad de la infección por COVID, la dificultad en el tratamiento en dicho momento y la edad del paciente (79 años).
Los hechos tuvieron un fatal desenlace debido a que el paciente falleció el 25 de marzo de 2020 por «la deficiente asistencia sanitaria que recibió» en el Centro de Salud Mar Báltico (distrito de Hortaleza) y en el Hospital Ramón y Cajal, alegando que «el contagio se produjo en el curso de una cirugía oral practicada en el referido hospital» el 5 de marzo de 2020, y después hubo «un deficiente diagnóstico y tratamiento por parte de ambos centros», tanto en la asistencia dispensada por el Centro de Salud en fecha 12 de marzo, como en la asistencia prestada en el Hospital los días 15 y del 19 al 25 de marzo de 2020.
El Hospital aseguró que disponía de suficientes medios (Kits de PCR) y, «sin embargo, no le realizaron dicha prueba al paciente aun cuando el mismo presentaba síntomas de contagio». Desde ‘El Defensor del Paciente’ consideran la sentencia como «pionera» pues «es la primera que tenemos conocimiento en la que se condena a la Administración sanitaria por la muerte de un paciente contagiado por COVID-19». Hasta la fecha «sí había aparecido alguna sentencia favorable en este sentido, pero en supuestos de personal sanitario, no en pacientes».
«No obstante, una vez más, la Sección Décima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid, agarrándose a la teoría de la pérdida de oportunidad, dicta una sentencia indigna que raya la amoralidad», critican. Lo normal es, inciden, «que la Sección Décima falle a favor de la Administración, pero cuando no lo hace concede ridículas indemnizaciones en favor de los pacientes con escasas cuantías, que van entre los 10.000 y los 15.000 euros, como este es el caso. Es indignante cómo, en la mayoría de las ocasiones, favorece los intereses de la Administración sanitaria y qué poco valoran la vida de una persona».
El letrado del procedimiento ha sido Antonio Navarro Rubio, abogado especialista en Derecho sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’.
