El Pleno de la Conferencia Sectorial sobre el Plan Nacional sobre Drogas (PNsD) ha aprobado recientemente, por unanimidad, destinar a la Comunidad de Madrid 1.452.486,37 euros para financiar el desarrollo de políticas de prevención sobre drogas y atención a otras adicciones en el presente ejercicio 2023.
Los fondos aprobados se destinarán al desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los programas autonómicos derivados del PNsD (572.355,48 euros), a programas de prevención de drogodependencias en el Marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas (641.514,68 euros), al desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas (72.050,81 euros) y a planes de rehabilitación y de reinserción de personas toxicómanas con problemas jurídico-penales (166.565,4 euros).
El ministro de Sanidad, José Miñones, ha significado la unidad de acción entre administraciones que caracteriza el abordaje de las adicciones en España, lo que garantiza a la sociedad en su conjunto que sea llevado “con rigor y las máximas garantías”. En este sentido, ha agradecido al conjunto de las administraciones públicas implicadas, así como al Tercer Sector y a las sociedades científicas el paradigma de consenso y voluntad que representan ante una materia “con un indiscutible impacto sanitario, social y de seguridad ciudadana”, como el de las adicciones.
La reunión plenaria celebrada el pasado jueves ha contado con la participación del delegado del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas, Joan Villalbí, además de con representantes de todas las comunidades y ciudades autónomas concernidas, de la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social; y de los Ministerios de Interior; Consumo; Política Territorial; Educación y Formación Profesional; y de Hacienda y Función Pública.
Los créditos, aportados a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, provienen de los Presupuestos Generales del Estado, cuentan con el informe favorable previo del Ministerio de Hacienda sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y fueron aprobados por la Comisión Sectorial celebrada el pasado 10 de mayo.
